La secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior ha distribuido entre la Policía y la Guardia Civil un protocolo de actuación ante las ocupaciones ilegales de inmuebles para "mejorar la respuesta" contra estos delitos, sostienen fuentes del departamento.
El objetivo principal del protocolo es que los agentes policiales que atiendan una denuncia por ocupación ilegal elaboren atestados lo suficientemente completos como para facilitar a la fiscalía y a los jueces de guardia que insten desalojos de los ocupas como medida cautelar. "Si un atestado es flojo, y le falta información, el juez se inclinará por que el asunto denunciado se aclare en un proceso, y no en el momento", explican esas fuentes.
La presión por las dilaciones en la respuesta a este tipo de delitos va a trasladarse cada vez más a los jueces: el protocolo policial se distribuye dos días después de que la Fiscalía General del Estado emitiera una instrucción instando a los fiscales a pedir a los jueces el desalojo como medida cautelar.
En el ministerio han apreciado un incremento del 5,3% de las denuncias de ocupación llegadas a las fuerzas de seguridad en el primer semestre de este año. No lo consideran una subida "importnte ni relevante", si bien sí admiten que "existe una percepción subjetiva de inseguridad en la sociedad, o alarma social".
En este sentido, sostienen fuentes del departamento que dirige el ministro Fernando Grande-Marlaska, "preocupan mucho" los "fenómenos de autodefensa", en alusión a la formación en localidades de Cataluña de patrullas o partidas ciudadanas que se enfrentan a los ocupas.
CÓMO PROCEDER
El protocolo de Interior no busca, según las mismas fuentes, "promover desalojos inmediatos", sino acabar con cierta confusión entre los agentes policiales sobre cómo proceder ante casos de ocupación ilegal, y qué datos deben recabar de la víctima y de los vecinos y otros testigos de la usurpación de vivienda o allanamiento de morada para que los informes policiales lleguen a la autoridad judicial lo más completos e inconstestables posible.
La orden fija un itinerario de actuación que aclara qué elementos recoger en el atestado, en qué supuestos proceder al desalojo inmediato y qué información recabar de la víctima para que su denuncia y la actuación posterior sean lo más efectivas posible.
El texto, titulado "Protocolo de Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la ocupación ilegal de inmuebles", recuerda a los agentes que tanto la primera como la segunda vivienda que el propietario utilice se consideran morada, y por lo tanto el ocupante comete delito de allanamiento. En ese caso, dice la instrucción, los policías podrán desalojar al ocupa, identificarlo e incluso detenerlo sin necesidad de pedir permiso judicial.
Dependerá, no obstante, de lo que continúa siendo el agujero negro legal en este fenómeno: si el delito es o no flagrante. En este sentido, el protocolo se sostiene en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que basa su percepción de la flagrancia en la inmediatez del hecho, la presencia del delincuente y la necesidad urgente de intervención policial.
El protocolo trata de acabar con el mito de las 48 horas como periodo a partir del cual es imposible la actuación policial, muy extendido entre los agentes. Era también proceder extendido, admiten fuentes del ministerio, que los agentes atendieran las denuncias por ocupación sin recabar datos suficientes que faciliten la actuación judicial.
App Alertcops
El protocolo, firmado por el secretario de Estado, Rafael Pérez, informa de que, si no es posible detectar la usurpación en el momento en que se comete, no es posible desalojar el inmueble si no lo acuerda así el juez. Pero sí insta a una labor de investigación más detenida, apreciar daños causados, recoger declaraciones del vecindario y prestar atención a los delitos conexos, como el de defraudación de fluido eléctrico, la extorsión o la amenaza.
Interior modificará la aplicación de móvil Alertcops -que se descarga voluntariamente y permite avisar a las fuerzas de seguridad de delitos in situ e inmediatamente- para añadirle una pestaña nueva y específica para las ocupaciones ilegales, en la que podrán cargase fotos u otras pruebas. La pestaña, sostienen en el ministerio, ayudará precisamente a acreditar la flagrancia del delito.
Así mismo, el protocolo insta a comisarías y cuarteles a realizar labores de investigación preventiva para un mapeo del riesgo de nuevas ocupaciones ilegales y extensión de mafias de la ocupación. Para ello, los agentes policiales deberán recabar la información que puedan proporcionar asociaciones de vecinos, vigilantes privados, agencias inmobiliarias y otras entidades con ojos sobre el sector.
El nuevo protocolo insta a los guardias y policías a informar inmediatamente a los servicios sociales municipales cuando, en su proceder ante un delito de ocupación ilegal, vean "situaciones de verdadera vulnerabilidad entre los ocupantes" para que se les dé una solución habitacional. "No son desalojos sin amparo", aclaran fuentes del ministerio.
