El turista que viaje por Italia a partir de este mes de agosto está avisado: si al final del almuerzo o de la cena el restaurante le ofrece una bolsa para llevarse las sobras del bistec, de la pizza o de las patatas fritas que el niño no terminó, no se sorprenda.

Este mes ha entrado en vigor la ley contra el derroche de alimentos y otros productos perecederos, que la FAO, agencia de la ONU para la agricultura y alimentación, estima en una tercera parte de cuanto se produce en el mundo. En Italia se trata de artículos por valor de 8.000 millones de euros, según el observatorio Waste Watcher de Last Minute, aunque el Ministerio de Agricultura eleva a 12.000 millones esa cifra. Los datos oficiales concluyen que el 57% de las sobras se producen entre el productor, la distribución y la restauración, mientras que el 43% restante corresponde a los hogares italianos.

Se trata de una ley pionera en Europa, parcialmente anticipada por Francia, que a principios de año decidió prohibir que los supermercados tiren o devuelvan los alimentos no vendidos pero aún comestibles. Ahora los supermercados franceses tienen la obligación de pactar con las asociaciones del voluntariado para ceder gratis los productos.

CURSILLOS INTENSIVOS // La ley italiana busca la educación de los ciudadanos, impulsa cursillos de educación alimentaria en las escuelas y promueve incentivos a las empresas que se sumen a la iniciativa, con una simplificación de la burocracia y una reducción de los impuestos para hacer donaciones a las asociaciones que dan de comer a los pobres. Con las sobras recogidas, “en 10 años se podrían distribuir gratuitamente hasta siete millones de comidas al dia”, afirma Gregorio Fogliani, presidente de la asociación Qui Foundation.

La ley, aprobada por el Senado prevé unas medidas que se irán introduciendo paulatinamente. Entre ellas, la posibilidad de regalar los alimentos en buen estado pero con embalaje dañado y la reducción del impuesto urbano sobre basuras para las empresas que donen alimentos.

Entre las simplificaciones, las asociaciones no deberán pedir permisos para aceptar alimentos por valor de hasta 15.000 euros. Al igual que las asociaciones, los ayuntamientos también podrán recibir desde este mes los alimentos que hasta ahora eran destinados a la destrucción. H