El juzgado de Ribeira (A Coruña) que instruye el caso de Diana Quer, la joven madrileña desaparecida en Galicia el pasado verano, ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa, hasta que haya nuevas pruebas, así como el levantamiento del secreto de sumario, aunque ve «necesaria la continuación de la investigación de la policía judicial». Son decisiones contra las que ahora cabe recurso o apelación.

Los padres de la joven se desplazaron ayer a este municipio para conocer la decisión judicial, de la que informó el propio progenitor a la salida del juzgado.

Juan Carlos Quer, padre de la chica, dijo no compartir una decisión que le parece «una muy triste noticia» para él, para su familia y para su hija. Su expareja y madre de la muchacha, Diana López-Pinel, expresó ya antes de esta entrevista con el juez, que lo único que no quería es que se levantase el secreto de sumario del caso, determinación que se adoptó y que la llevó a abandonar, visiblemente enfadada, el juzgado.

PESQUISAS // El Tribunal Superior de Justicia de Galicia informó de que el juez quería trasladar a ambos cómo se encuentran las pesquisas. La reserva sobre las actuaciones había sido prorrogada en varias ocasiones. Diana Quer no volvió a su vivienda vacacional de A Pobra do Caramiñal tras acudir a una fiesta, la del Carme dos Pincheiros, el pasado agosto.

El auto dictado por el juzgado de instrucción número uno de Ribeira expone que el sobreseimiento provisional de la causa de la desaparición de Diana Quer procede «por no existir en el momento actual indicios suficientes para dirigir el presente procedimiento frente a persona alguna determinada», pese a que sí los hay de una posible desaparición no voluntaria de la menor.

La misma resolución judicial indica que es «necesaria la continuación de la investigación de la policía judicial», ya que en el momento presente continúan abiertas «varias líneas de investigación policial» y recuerda, a su vez, que en el caso de aparecer nuevos elementos sobre los que trabajar, podría reabrirse el proceso penal. El mismo documento accede a levantar el secreto de sumario que rige sobre el caso desde agosto del 2016 por considerar «desproporcionada» una medida que puede anularse «sin perjuicio de lo que del curso de la investigación se derive», aunque no cierra la puerta a que pueda acordarse de nuevo «el secreto de parte o de la totalidad de las actuaciones en caso de resultar necesario».