El juez que instruye la causa por el accidente del Alvia ocurrido en julio del 2013 en el barrio compostelano de Angrois ha acordado dirigir la investigación contra Andrés Cortabitarte, entonces jefe de seguridad de Adif, como presunto responsable de 80 delitos de homicidio (los fallecidos) y 150 de lesiones (los heridos).

Así lo ha notificado a las partes el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, Andrés Lago, en un auto con fecha de 10 de marzo. El magistrado sostiene que el investigado fue avisado de los peligros que revertía la curva donde se produjo el accidente y que mantuvo la situación sin hacer nada.

El juez determina que Cortabitarte «no cumplió» su cometido en relación con la elaboración del correspondiente análisis de riesgos en la línea de alta velocidad entre Ourense y Santiago. Por ello, y al no constar, en consecuencia, «que haya hecho u ordenado medida alguna destinada a evaluar y gestionar dicho riesgo», generó y toleró una situación de riesgo «que finalmente cristalizó» en el descarrilamiento, que «costó la vida y la salud a múltiples usuarios» aquel día. En concreto, 80 personas murieron y más de un centenar resultaron heridas.

RIESGO EN SÍ MISMA // «Lo que desde luego no podemos discutir es que la curva representaba un riesgo en sí misma», asevera el juez, quien destaca que «ese riesgo había sido detectado por la propia UTE --unión temporal de empresas, la encargada de construir la infraestructura-- y por Ineco --la consultora que está ligada al Ministerio de Fomento--».

El magistrado añade que, después, ese riesgo «había sido comunicado a Adif explicitando las limitaciones del subsistema suministrado para mitigar o conjurar dicho riesgo y que, finalmente, por parte de Adif nada se hizo para evaluar y reducir dicho riesgo a parámetros de tolerancia conforme a las exigencias de las normas Cenelec».

Hasta ayer, el único investigado era el maquinista, José Garzón, aunque el juez añade que la culpa de la tragedia también es atribuible a Cortabitarte. Apunta que estaba informado de que en esa curva donde se produjo la tragedia el tren podía descarrilar si el maquinista sufría un despiste, tal y como sucedió aquel 24 de julio del año 2013, y el tren entraba en ese tramo a una velocidad superior a los 80 kilómetros por hora. Además del maquinista, en un tren de alta velocidad debió establecer señales adicionales que permitieran reemplazar cualquier fallo humano que pudiera producirse.

El juez se pronuncia además sobre la pertinencia de recabar un informe de la Agencia Europea de Seguridad del Ferrocarril (ERA) y explica que buena parte de las cuestiones ya aparecen «sobradamente contestadas» en uno de los informes periciales, el que defiende la necesidad normativa y técnica de la evaluación de riesgos, si bien se reserva la potestad de consultar a la ERA tras la declaración de Cortabitarte.