Mazazo judicial para Juana Rivas. Después de conseguir una pequeña victoria, cuando el pasado martes decidió entregarse y el juez de guardia la dejó en libertad, pero con cargos, el magistrado encargado de la causa penal, que la investiga por sustracción de menores y desobediencia a la justicia, dictó ayer una resolución encaminada a que, esta vez deje huir de la justicia y permita que sus hijos vuelvan con su padre, pese a que en el 2009 fue condenado por maltrato. La entrega de los niños debe efectuarse el próximo lunes y como arma de presión el magistrado imputa a su entorno y familia por inducción o colaboración en la ocultación de los menores.

En un auto fechado el jueves, la jueza de instrucción número 2 de Granada es tajante y ordena a la Guardia Civil que se persone en el domicilio de Rivas, en la localidad granadina de Maracena, para «requerir», y lo cita en mayúsculas, la entrega de los menores, «en cumplimiento de las resoluciones judiciales firmes que así lo determinan».

La restitución debe producirse el 28 de agosto a las 17.00 horas en el punto de encuentro familiar de Granada, el mismo lugar en el que se le pidió, el pasado 26 de julio, que devolviera los niños al progenitor, Francesco Arcuri. La madre faltó a la cita y desde entonces hasta el pasado martes permaneció en paradero desconocido y desató la campaña de solidaridad #juanaestaenmicasa.

TRES SENTENCIAS // El auto, contra el que cabe recurso, advierte a Rivas de que si esta vez vuelve a esconderse con su familia se adoptarán las medidas cautelares que correspondan «vista la gravedad de los hechos» y la «falta de colaboración total y absoluta» de la madre en el cumplimiento de tres sentencias «firmes» --según escribe el juez en mayúsculas-- y que determinan que los niños vuelvan a Italia.

Por último, en consonancia con la petición del fiscal, toma una decisión novedosa y probablemente muy dolorosa para Rivas: citar como investigadas.imputadas, según la figura anterior- a las personas que más la han apoyado: la asesora jurídica del Centro Municipal de la Mujer de Maracena, Francisca Granados, y a la psicóloga de este mismo centro, Teresa Sanz, ante su presunta intervención como «inductoras o partícipes necesarios» en el delito de sustracción de menores, y las pide que comparezcan el próximo 30 de agosto.

Y hace lo propio con sus familiares de hasta segundo grado, que deberán prestar declaración a partir del jueves 31 de agosto, también como investigados.

En su resolución, en la que hace un repaso extenso de la trayectoria judicial de la causa, la magistrada destaca que en la declaración que Rivas prestó este martes tras entregarse, «en ningún momento expuso dónde tiene escondidos a los menores».

Asimismo, considera que «está claro» que en el ámbito civil ya se ha resuelto lo preciso para lograr la restitución inmediata de los menores a su padre, entrega que no se ha llevado a cabo “pese a que la investigada conoce plenamente la decisión judicial”.

La decisión de la jueza de instrucción número 2 de Granada abatió al entorno de Rivas. Su hermana, que el martes le acompañó el juzgado, cuando decidió salir del escondite donde permaneció con los niños casi un mes, reconoció que la familia está «mal» ante el giro que ha tomado el caso. El padre de Rivas reconoció que ante el ultimátum judicial su hija «tendrá que entregar» a sus hijos y señaló que en la familia están «machacados» ante la idea de que le «van a quitar» a los niños. En su opinión, la justicia «no ha escuchado» a su hija y ha dado más credibilidad a «un hombre de viene de Italia con un papel» que a Rivas.

Italia otorgó la custodia de forma provisional a Arcuri, pese a que fue condenado por maltrato en España el 2009, y los tribunales españoles no han suspendido dicha decisión, pese a los intentos sucesivos de Rivas. El padre, por el contrario, rompió el silencio de los últimos días y se mostró ayer confiado en que el caso «se acabe» pronto, si bien destacó también su preocupación por la situación de los niños.