La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga, encargado de determinar las causas que rodean la muerte de Julen, el niño de dos años que cayó a un pozo el 13 de enero en Totalán (Málaga), considera que el dueño del terreno pudo cometer un delito de homicidio imprudente grave.

Según el auto, la magistrada ha dispuesto que las actuaciones sigan por el trámite de procedimiento abreviado contra el dueño del terreno, David Serrano, al existir indicios de criminalidad tras dejar abierto el pozo por el que cayó el pequeño Julen.

Tras su fallo, la jueza establece un plazo de diez días para que las acusaciones personadas en el procedimiento soliciten la apertura de juicio oral y formulen los escritos de acusación o el sobreseimiento de la causa.

EXPEDIENTE DE LA JUNTA // Por otra parte, la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía ha abierto dos expedientes sancionadores contra el propietario de la finca y contra la empresa perforada del pozo en concepto de «presuntos autores por infracción muy grave en materia de seguridad minera». Los dos casos comportan una sanción que va desde los 300.000 hasta el millón de euros.

A la empresa autora de la perforación del pozo le atribuye «la realización de sondeos o prospecciones sin la aprobación del proyecto correspondiente y sin el director facultativo», mientras que al propietario del terreno le imputa desde el punto de vista administrativo por haber acometido los trabajos «sin dirección facultativa», es decir, sin una persona responsable, además de por «la omisión de la aprobación previa de los trabajos de prospección de aguas subterráneas y del proyecto correspondiente», así como «el abandono de los trabajos sin la preceptiva autorización y sin adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de personas y bienes», dicta.

FUNDAMENTOS // Los procedimientos sancionadores abiertos por la Secretaría General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Hacienda se fundamentan en la ley de minas, así como en el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.

La Secretaría General de Industria, Energía y Minas ha notificado a las partes el inicio de tramitación de los dos expedientes sancionadores por infracción muy grave en materia de seguridad minera, así como al Juzgado de Instrucción número 9, que ha asumido la instrucción de los posibles delitos asociados al fallecimiento del pequeño Julen.

PENAL O ADMINISTRATIVA // La Consejería de Hacienda espera ahora el pronunciamiento del juez para determinar si se aplica la resolución judicial con la calificación penal de los hechos en lugar de la sanción administrativa al objeto de evitar, en aplicación del principio legal non bis in idem, una doble sanción desde ámbitos distintos, el judicial y el administrativo, para unos mismos hechos.