La Asociación de Mujeres Juezas de España (Amje) considera necesaria una revisión de la forma en que se investigan y enjuician los delitos que atentan contra la libertad sexual, del tal forma que «lo que el sentir social considera de forma indudable como una agresión, lo sea también en el ámbito jurídico, partiendo siempre del pleno respeto a los derechos de la ciudadanía». Con este comunicado, la organización se suma a las reacciones por la sentencia de la Audiencia de Navarra que condenó a nueve años de prisión a los miembros de la Manada por abuso sexual y no por violación, al excluir la existencia de intimidación.

Esta interpretación, según este colectivo, ocasiona «desconcierto» y un «importante rechazo social» por cuanto «abre una brecha entre la percepción social de este tipo de delitos y su interpretación jurídica». La causa de esta quiebra, precisan, se encuentra en la pervivencia de ciertos estereotipos. «En el ámbito de los poderes públicos, y en especial de la justicia, se impone la integración de la perspectiva de género como antídoto y prevención frente a formas de actuar e ideas preconcebidas que ponen el foco y enjuician con mayor intensidad el comportamiento y actitudes de la víctima que la de los autores».

Sobre las críticas contra el tribunal de Pamplona, la asociación asegura que la sentencia de la Manada es «rigurosa y garantista en cuanto al respeto de los derechos de los acusados», y que en ella el sentir mayoritario del tribunal es «respetuoso y empático con la víctima». Con todo, la Amje considera que la confianza en la justicia debe «construirse» desde el respeto mutuo, tanto a las resoluciones y procedimientos judiciales como «la legítima crítica y contestación de aquellas decisiones que no sean compartidas».

El colectivo de jueces Ágora Judicial sostiene, por su parte, que la sentencia de la Manada «no ha generado protestas por sus aspectos formales y otros que pudiéramos llamar de tipo técnico, sino porque la valoración que en ella se hace de los hechos que la misma declara probados resulta incompatible con la consideración que actualmente es exigible de la libertad y dignidad de la mujer».

MEJORAR LA COMUNICACIÓN // La Asociación Judicial Francisco de Vitoria ha denunciado la carencia de una política de comunicación del Poder Judicial y la falta de un portavoz que explique a la ciudadanía, en «lenguaje compresible», los motivos que llevan a un juez a dictar una resolución concreta, como ha sido el caso de la Manada.

Esta organización, que representa a magistrados de toda España, lamenta que la «falta de instrumentos hábiles (lo cual corresponde impulsar al Consejo General del Poder Judicial) de comunicación contribuye a hacer incomprensible para el ciudadano las resoluciones judiciales de interés público, favoreciendo el caldo de cultivo propicio para malentendidos, desinformación y medias verdades».