Los responsables de la trágica fiesta de Halloween celebrada en el pabellón Madrid Arena en el 2012 se sientan en el banquillo a partir de hoy. Son un total de 15 acusados, entre los que no figura ningún cargo político de la Administración de Ana Botella, entonces alcaldesa de Madrid, y que se enfrentan a penas máximas que pueden alcanzar los cuatro años de cárcel, un castigo que para las familias de las cinco jóvenes fallecidas y la treintena de heridos supone “un insulto” a su memoria.

El juicio ha generado una gran expectación, con 60 medios y hasta 200 profesionales acreditados. Empezará con las cuestiones previas, que pueden llevar un par de días, y continuará con la declaración de Miguel Ángel Flores, el promotor de la fiesta, a la que seguirá las del resto de los acusados. Dado el gran número de pruebas, peritos y testimonios que se presentarán, el fiscal estima una vista muy larga, de entre cinco y seis meses de duración. También intervendrán las siete acusaciones particulares y las dos populares (el grupo municipal del PSOE y Manos Limpias), así como cuatro responsables civiles directos y seis subsidiarios.

SOBREAFORO DESMESURADO // El principal encausado y el hombre en el que se fijarán todas las miradas es Flores. A él le atribuyen al unísono el juez, las acusaciones particulares y populares y la fiscalía la mayor responsabilidad en la tragedia por haber permitido un “desmesurado sobreaforo” que propició las avalanchas mortales producidas en una de las vías de salida del recinto de propiedad municipal.

De los 7.000 espectadores que figuraban en el contrato se pasó a dejar entrar a unos 23.000 sin que a pesar de esa enorme diferencia se modificaran las medidas de seguridad previstas ni estuvieran abiertos más que tres de los ocho vomitorios (pasillos de evacuación) de que disponía el pabellón. Los cinco restantes estaban obstruidos por la instalación de distintas barras para servir comidas y bebidas y por el propio escenario de la citada fiesta.

“No fue un accidente, sino un hecho evitable, una imprudencia, una falta de cuidado, una omisión, que contribuye al resultado”, ha explicado el fiscal jefe provincial, José Javier Polo, que ha asegurado que no sería “legal” solicitar una pena superior para el principal acusado. La petición de la fiscalía es de cuatro años de cárcel por cinco delitos de homicidio imprudente, pero hay que tener en cuenta que el Código Penal impide que se acumulen las penas de cada uno de ellos.

Flores basará su estrategia en negar que se superara el aforo máximo y alegará también que, en caso de que esto se hubiera producido, tampoco influyó en las muertes. Ni siquiera ha presentado previamente un escrito de defensa, lo que equivale a no reconocer ninguno de los hechos delictivos que se le imputan, a declararse totalmente inocente.

El resto de los acusados son responsables de las empresas de seguridad Seguriber y Kontrol 34 y los responsables de la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos, encargada de la gestión del pabellón, así como los médicos y enfermeros que atendieron a las víctimas.

Las peticiones de penas van desde esos cuatro años de cárcel a dos años y medio, mientras que las indemnizaciones reclamadas por la fiscalía oscilan entre los 243.587 euros de las familias de los fallecidos y los 259 euros de uno de los heridos.

La avalancha mortal se produjo a las tres de la madrugada. Un poco antes, unos 3.000 jóvenes que hacían botellón en las proximidades del recinto habían entrado precipitadamente sin que los servicios de seguridad, con varias de sus cámaras averiadas, llegaran a intervenir. H