Aante el goteo de escándalos publicados en los últimos días sobre abusos sexuales en la Iglesia católica y la ocultación por parte de las congregaciones religiosas de algunos de los delitos, el Gobierno central ha reaccionado solicitando al Fiscal General del Estado que le informe de las diligencias abiertas en los tribunales.
En concreto, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, envió ayer un escrito la máxima representante del Ministerio Público, María José Segarra, en el que reclama que le informe de los procesos abiertos en los tribunales --el número de investigaciones y en qué estado están las mismas-- ante agresiones y abusos sexuales cometidos contra menores de edad en el seno de congregaciones, colegios o cualquier otro tipo de institución religiosa.
En opinión de Delgado, esas informaciones han generado «una importante alarma social». Según fuentes de Justicia, una vez recibidos los datos, el Ejecutivo estudiará si procede hacer reformas legales o introducir cambios en el anteproyecto de ley de protección a la infancia aprobado en primera lectura en diciembre, dado que la abogacía del Estado no puede personarse en procedimientos que no perjudiquen a la administración central.
Además, dos nuevos curas han agravado la crisis de pederastia que vive la Iglesia de Tarragona tras los abusos sexuales cometidos por el rector Pere Llagostera que destapó El Periódico de Catalunya. El Arzobispado de Tarragona, tras «las informaciones publicadas en los medios», envió ayer un comunicado en el que explica que dos sacerdotes que siguen en activo han sido objeto de investigaciones por parte de la Doctrina de la Fe del Vaticano, el órgano encargado de investigar los casos de pederastia. Da el nombre de uno de ellos, F. Xavier Morell Rom, pero no el del segundo.
Según fuentes del sector de la educación el sacerdote Josep Maria Font fue apartado por la Conselleria d’Ensenyament tras un caso de posibles abusos en un colegio del Alt Camp. Por su parte, Morell dejó ayer sus funciones en la parroquia de Constantí.
