La Audiencia Provincial de Madrid juzgará el próximo martes a un policía y a una abogada acusados de obtener entre los años 2006 y 2008 de forma ilegal permisos de residencia a extranjeros.
En el escrito de acusación de la Fiscalía, se solicita ocho años de prisión para Roberto Carlos R. P., un policía destinado en servicio de informática y otros dos años y ocho meses para su ex pareja y abogada en ejercicio Susana G. G..
Se les imputa un delito continuado de falsedad en documento oficial ya que obtenían las autorizaciones de residencia previas a la obtención del permiso de residencia y de trabajo a personas que no reunían los requisitos legales para su obtención.
El representante del Ministerio Público pide también una pena para ocho años de prisión para María Victoria D. V., una auxiliar administrativo adscrita a la Brigada de Extranjería y dos años y ocho meses para Tania G. G. quien al igual que su hermana Susana era una abogada en ejercicio.
En el escrito de acusación aparecen una veintena de personas la mayoría de nacionalidad colombiana a quienes se piden penas que en ningún caso superan los tres años de prisión.
LABOR DE LA ABOGADA
Susana García García era una abogada en ejercicio que se dedicaba "sobre todo" a la tramitación "rápida" de permisos de residencia "incluso si los solicitantes no reunían los requisitos legales para su obtención".
Contaba con la ayuda de su entonces pareja sentimental Roberto Carlos Rodríguez Pérez, un policía destinado en el servicio de informática y de su hermana la también abogada Tania García García .
Así, entre un periodo de tiempo comprendido entre los años 2006 y 2008 Susana G. era la encargada de contactar con extranjeros residentes ilegales a quienes a cambio de unos 10.000 euros les conseguía a través del policía un permiso de residencia "pese a que no contaban con los requisitos legalmente establecido para ello".
Además, facilitaba la entrada a España a ciudadanos extranjeros de forma irregular sin visados o acreditaciones para que traspasaran la frontera sin problemas. Mientras, su hermana Tania también se encargaba de captar clientes.
TRABAJO DEL POLICÍA
Por su parte, Roberto Carlos R., quien por su trabajo conocía todos los datos de acceso a la aplicación de un programa de gestión de trámites de extranjería, era quien grababa en el expediente de personas que querían venir a nuestro país las autorizaciones y permisos correspondientes de residencia y trabajo "que elaboraba él mismo informáticamente estampando la firma escaneada y de forma completamente irregular del Comisario Jefe encargado en teoría de su concesión".
Junto al acusado colaboraba María Victoria D. V., una auxiliar de administración adscrita a la Brigada de Extranjería. Tanto Rodríguez como Dalda realizaban los trámites necesarios para la obtención de autorizaciones de residencia temporal inicial, autorización de regreso y expedición de tarjetas de residencia con el fin de que los otros acusados pudieran entrar a España sin ningún problema.
En total lograron introducir a 20 personas (19 de nacionalidad colombiana y otra serbia) quienes, según la Fiscalía, utilizaron "la correspondiente autorización de regreso a sabiendas de su mendacidad, obteniendo posteriormente el correspondiente permiso de residencia y trabajo sabiendo que no reunían los requisitos legales para ello y que se había obtenido de forma irregular".
OTRAS CIRCUNSTANCIAS
Se da el caso de que una de las personas a quienes falsificaron su expediente para que pudieran residir en España tenía prohibida su entrada en territorio Schengen.
También se da la circunstancia de que otro de los acusados, Octavio Alberto de los Ríos, pagó una elevada cantidad de dinero para conseguir de forma ilegal una autorización de regreso a su mujer y de su hija menor edad quienes consiguieron finalmente entrar en territorio español pese a carecer del correspondiente visado.
Llama la atención de la Fiscalía el hecho de los acusados hicieran constar como domicilio la dirección que en realidad corresponde a la sede de la Compañía telefónica.
