Indignación en la calle. Incredulidad y sorpresa en el Gobierno. Crítica generalizada. La salida de la cárcel de los cinco miembros de la Manada ha desatado una ola de crispación, solo contestada por la defensa de los procesados, feliz porque la Audiencia de Navarra le ha dado la razón y ha admitido sus argumentos para dejar libres a los cinco condenados a nueve años de prisión por abusar sexualmente de una joven madrileña de 18 años en los Sanfermines del 2016. En la mañana de ayer, los acusados depositaron la fianza de 6.000 euros con una transferencia bancaria. Por la tarde, volvieron a pisar la calle tras casi dos años de reclusión.
A las 18 horas, José Ángel Prenda, Jesús Escudero y Ángel Boza, abandonaro el centro penitenciario de Pamplona. Los tres vehículos que les esperaba se marcharon del lugar a gran velocidad. Los otros dos reos, Antonio Manuel Guerrero y Alfonso Jesús Cabezuelo, dejaron la prisión militar de Alcalá de Henares una hora y media después. La Fiscalía de la Comunidad de Madrid ha ofrecido apoyo a la víctima y si es preciso protección policial.
RECURSO // La fiscalía y las acusaciones han anunciado que recurrirán la decisión de excarcelar a los procesados, que fueron condenados por abuso sexual y no por agresión sexual, al considerar los jueces que no existió intimidación. Los recursos que presenten serán de súplica, que son los únicos posibles. Es decir, deberán resolverlos los mismos magistrados que el jueves acordaron --por dos votos a uno-- dejar en libertad bajo fianza a los cinco acusados. Es improbable que los jueces modifiquen su criterio.
En definitiva, un resultado que ha permitido que los procesados hayan salido a la calle. No la veían desde el 7 de julio del 2016, un día después de los hechos, cuando fueron detenidos.
La Audiencia de Navarra no ha aceptado la tesis de la fiscalía y las acusaciones de que los condenados debían continuar entre rejas. Los jueces destacan que con la condena de nueve años se ha producido «una más que notable reducción» de las penas solicitadas por las acusaciones, de hasta 22 años y 10 meses de prisión, y que no existe riego de fuga porque los procesados no tienen medios económicos. También descartan la reiteración delictiva, pues el caso es mediático y los acusados conocidos. A todo eso, añade la sentencia que los acusados residen a más de 500 kilómetros del lugar donde vive la víctima y que garantizar «su tranquilidad y su sosiego» es algo que puede «procurarse mediante la adopción de medidas menos gravosa que la prolongación» de la prisión provisional.
