La ley antiocupaciones aprobada en abril por el Congreso ya marcha camino del BOE y entrará en vigor a finales de mes después que el Senado la ratificara ayer con los 157 votos favorables del PP, Cs, PNV y PDECat y los 97 en contra del PSOE, Podemos y ERC.

La derecha parlamentaria votó unida en una reforma rechazada por el partido del nuevo presidente del Gobierno. Un recordatorio de lo que difícil que le será a Pedro Sánchez no solo tramitar sus iniciativas sino también parar las que el PP acuerde con otros aliados circunstanciales.

Pero más allá de esta lectura política, lo relevante es que 20 días después de su publicación en el BOE entrará en vigor una modificación de la ley de enjuicimiento civil cuyo propósito es acabar con el calvario judicial al que se ven sometidas las personas que ven su casa ocupada. El litigio para echar a los intrusos puede durar hasta dos años que ahora quedarán reducidos a un máximo de dos meses.

Este desalojo exprés solo será aplicable a viviendas propiedad de propietarios que sean personas físicas o si se trata de pisos sociales cuyos titulares sean oenegés o administraciones. Los fondos buitres, bancos, inmobiliarias y otros grandes tenedores quedan excluidos. En el caso de que las familias ocupantes estén en situación de vulnerabilidad se establece la cautela de informar a los servicios sociales del municipio correspondiente.