Una vez que la epidemia del coronavirus parece contenida, el Gobierno quiere empezar a recuperar los proyectos legislativos que quedaron aparcados para frenar la amenaza sanitaria. Entre ellos, el Ejecutivo prevé aprobar la próxima semana o la siguiente el anteproyecto de ley de protección integral a la infancia, una norma que a priori cuenta con el apoyo de todas las fuerzas políticas, pero que debido a las repeticiones electorales, se ha ido retrasando, para disgusto de los colectivos que apoyan a la infancia.
En España se interponen cada día más de 100 denuncias por casos en los que la víctima es un menor de edad. Y estos datos suponen solo la punta del iceberg porque muchos niños no se atreven a exteriorizar que son objeto de acoso o abusos sexuales.
Frente ello, la intención del Ejecutivo es aprobar una norma integral que convierta a la infancia en un colectivo de especial protección. Y de aprobarse definitivamente la ley (para lo cual hacen falta todavía unos cuantos meses como mínimo), España se convertiría definitivamente en un país referente: los países nórdicos tienen legislaciones ejemplares contra el maltrato en el ámbito familiar pero ningún Estado de la UE tiene una ley integral que busque atajar la violencia en cada uno de los entornos que habita el menor.
Estos son los aspectos más destacados del proyecto, al que ha tenido acceso este diario:
la caducidad
Cuando la víctima cumpla 30 años
Una de las principales peticiones de las víctimas de abusos sexuales es que se amplíe el plazo de prescripción de estos delitos, que en la actualidad caducan entre cinco y 10 años a partir de la mayoría de edad de la víctima. Y es que muchas personas no se atreven a denunciar hasta que han pasado décadas desde que sufrieron las vejaciones, lo que ha provocado que, por ejemplo, en el caso Maristas de Barcelona, de los 13 profesores denunciados, solo uno fuera a juicio y por cuatro de las 17 denuncias que se realizaron. Ante estos y otros escandalosos casos de impunidad, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad solicitar que el plazo de prescripción comience a computar cuando la víctima cumpla 30 años, petición que ha sido incluida en el anteproyecto legal por el Ejecutivo.
A TRAVÉS DE INTERNET
Nuevo castigo por incitar al suicidio
La norma, que se pretende que sea aprobada de aquí a unos meses, crea además nuevos delitos para castigar a quienes usen las nuevas tecnologías para incitar al suicidio, la autolesión o los trastornos alimenticios de los menores, así como actos de naturaleza sexual. Además, prevé que las autoridades judiciales retiren estos contenidos de internet para evitar que se produzca una persistencia delictiva.
Asimismo, el anteproyecto endurece las condiciones para el acceso al tercer grado, la libertad condicional o los permisos penitenciarios para personas condenadas por abusos sexuales a niños.
ÁMBITO JUDICIAL
Deber de denuncia y testifical única
El proyecto legal establece el deber de denunciar las situaciones de violencia ante la autoridad competente, una exigencia que se configura de forma más severa para los colectivos que tienen encomendada la asistencia, la enseñanza o la protección de los menores. Además, se regula de forma específica el deber de comunicación de contenidos en internet que constituyan una forma de violencia o abuso sobre los niños, sean o no delito.
Asimismo, se obliga a las fuerzas de seguridad y operadores judiciales a la práctica de la prueba preconstituida, que consiste en que la víctima realice una única narración de los hechos ante el juzgado de instrucción, sin que sea necesario que repita una y otra vez las vejaciones que ha sufrido, lo que provoca una doble victimización y era una de las mayores problemáticas a las que se enfrentaban los menores cuando se denunciaba una situación de este tipo.
CENTROS EDUCATIVOS
Un coordinador del bienestar
La ley establece la necesidad de establecer protocolos de actuación frente al acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género y otras formas de violencia en los centros educativos, donde se creará la figura del coordinador de bienestar, así como también deberá crearse en los diferentes centros sanitarios, deportivos y, por supuesto, también de ocio.
También prevé que las fuerzas y cuerpos de seguridad dispongan de unidades especializas en la prevención y detección precoz. Y mandata al Gobierno a la elaboración de dos proyectos de ley con el fin de crear la especialización en la jurisdicción penal y civil, así como fiscal para que no queden flecos sueltos de ningún tipo.
Por último, con el fin de tener una estadística más fiable, la ley crea un registro central de información al que juzgados y policías deben suministrar información detallada con el fin, además, de que esté actualizada.
