El diagnóstico sigue siendo bastante desalentador. Ningún país de la Unión Europea ha alcanzado la igualdad de género entre hombres y mujeres. Los avances son extremadamente lentos y persiste la brecha en el empleo, los salarios, la asistencia y las pensiones. Por ejemplo, las mujeres siguen cobrando de media un 16% menos que los hombres en la UE (un 15,1% en España) lo que deriva en pensiones más bajas (un 30% inferiores) al final de la carrera laboral. Para hacer frente a esta situación, la Comisión Europea ha anunciado su intención de presentar antes de finales de 2020 una propuesta para legislar sobre la transparencia en los sueldos que ayude a terminar con la brecha salarial.
Se trata de una de las novedades de la nueva Estrategia sobre Igualdad de Género 2020-2025, presentada en vísperas del Día Internacional de la Mujer por el Ejecutivo comunitario y que también pretende luchar contra los estereotipos. Es evidente que no se pueden comparar salarios a menos que haya transparencia salarial, que se sepa lo que la gente está cobrando, ha justificado la comisaria de igualdad, Helena Dalli, sobre los motivos de la propuesta. Cuando esta información esté disponible, alega la Comisión, será más fácil detectar brechas y discriminación porque debido a la falta de transparencia muchas mujeres no saben o no pueden probar que están siendo mal pagadas, advierte el Ejecutivo comunitario que defiende una legislación de este tipo porque reforzará los derechos de los empleados a recibir más información sobre los niveles salariales si bien podría suponer un coste administrativo adicional para las empresas.
Para encontrar un equilibrio adecuado con los interlocutores sociales, empresas y administraciones nacionales la Comisión ha lanzado este jueves una consulta pública y relanzará las discusiones con los interlocutores sociales. Presentaremos medidas vinculantes una vez que discutamos con los agentes sociales, ha explicado Dalli sobre un ámbito en el que muy pocos Estados miembros han actuado -13 Estados miembros no cuentan con ningún tipo de medida- y muchos de los que lo han hecho o bien no aportan información segregada por géneros, o no incluyen requisitos específicos o las medidas simplemente no son de cumplimiento obligatorio.
Cuotas y medidas contra la violencia
El nuevo plan también contempla resucitar una vieja propuesta de 2012 que sigue bloqueada en el Consejo por falta de consenso entre los gobiernos europeos: elevar el porcentaje de mujeres en los consejos de administración de las empresas que cotizan en bolsa hasta el 40% como mínimo. Actualmente, solo el 8% de las consejeras delegadas son mujeres y las posturas entre los gobiernos europeos, según ha admitido la vicepresidenta Vera Jourová, no han cambiado. La posición de los Estados miembros es más o menos la misma. Todavía necesitamos a un gran país y al menos dos países pequeños pero no hay que rendirse, ha indicado la liberal checa. Tenemos que utilizar cuotas porque de lo contrario perderemos otros 100 años para que las cosas cambien por si mismas, ha insistido su colega maltesa que pone como ejemplo el trabajo realizado por la Comisión Europea, presidida por una mujer, y que cuenta en el actual colegio con el número de comisarias más alto de la historia.
La estrategia también aborda un tercer pilar ineludible cuando se habla de género e igualdad: ampliar la batería de medidas para combatir la violencia contra las mujeres que, según alerta la Comisión, sigue en niveles alarmantes. Según sus estadísticas, el 33% de las mujeres han sufrido violencia física o sexual, el 55% ha sido acosada sexualmente y el 22% han experimentado algún tipo de violencia de sus parejas. Más allá de la educación y si continúa el bloqueo a la ratificación de la Convención de Estambul seis Estados miembros de Europa del este siguen sin ratificarla- el antídoto que propone Bruselas es la adopción de medidas jurídicas en 2021 para penalizar la violencia contra las mujeres y armonizar en lo posible determinadas formas de violencia contra las mujeres, como el acoso sexual, los malos tratos y la mutilación genital femenina. Además, la Comisión propondrá que en la ley de servicios digitales las plataformas actúen también en relación a la violencia online contra las mujeres.
