Después de siete años del PP en el Gobierno, el PSOE llegó al poder con una inmensa carpeta de iniciativas legislativas de carácter social. De hecho, uno de sus primeros decretos aprobados por el Ejecutivo de Pedro Sánchez fue devolver la sanidad pública a los inmigrantes sin permiso para trabajar o residir en España. Se aprobó, sí. Pero ahora el Parlamento está tramitando el reglamento, que aún no ha visto la luz. No es la única iniciativa que podría quedarse en punto muerto en caso de que el presidente convoque elecciones generales.

Sánchez confirmará hoy la fecha de los comicios. El propósito del Gobierno es aprobar varios decretos ley, que podrían ser convalidados por la Diputación Permanente del Congreso aunque las Cortes se hayan disuelto.

VIOLENCIA MACHISTA // El Gobierno aprobó en agosto un decreto ley para poner en marcha las medidas del pacto contra la violencia machista que consideraba más urgente: la devolución de las competencias a los ayuntamientos, que no haga falta denunciar para recibir ayudas y que los hijos de maltratadores no necesiten el permiso de su padre para recibir ayuda psicológica. Pero el adelanto electoral llegará cuando los grupos parlamentarios ultimaban la ampliación de la ley integral para incorporar otras muchas medidas del pacto.

Como reacción a la polémica sentencia de La manada, el Gobierno trabajaba además en la reforma del Código Penal para aglutinar todas las violaciones en un único delito, agravar las penas y que el consentimiento de la víctima determine si es delito.

En materia de Sanidad, con unas elecciones en abril no daría tiempo a aprobar la ley de muerte digna, que garantiza los cuidados paliativos ni mucho menos la regulación de la eutanasia.

EDUCACIÓN // Desde que fue nombrada ministra de Educación, Isabel Celaá tuvo un objetivo: derogar la «dañina» LOMCE, conocida como ley Wert. El proyecto de ley se aprueba hoy en el Consejo de Ministros. El adelanto electoral la dejaría en barbecho.

Respecto a la seguridad vial, la reforma que aumentaría de tres a seis puntos la penalización por conducir manipulando el teléfono móvil, la regulación del uso de los patinetes en las ciudades y la limitación de la velocidad a un máximo de 30 kilómetros por hora las calles de un solo carril, no podrían ser aprobadas.

También podría estar en peligro la recuperación del decreto ley que alarga la duración mínima de los contratos de alquiler de tres a cinco años.