La Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas dio ayer martes luz verde al informe que sentará las bases de la futura ley del alcohol y que propone numerosas medidas para conseguir el «consumo cero» hasta los 18 años, como la de multar a los padres de los menores que beban, acabar con el botellón o la obligación de jóvenes a soplar si consumen en la calle.

El informe salió adelante casi por unanimidad: 34 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones de ERC y PNV. Su contenido, muy completo y exhaustivo, satisface a los expertos en la lucha contra la adicción al alcohol, pero su traducción en un ley queda, a partir de ahora en manos, del Ministerio de Sanidad. Éste se ha comprometido a tener tramitado el correspondiente proyecto de ley en el Congreso antes de que finalice el año.

Ante las dudas que puedan surgir sobre la voluntad del ministerio de llevar a cabo las medidas propuestas por el Congreso, la diputada conservadora y presidenta de la comisión, Carmen Quintanilla, se mostró convencida de que el Gobierno «se hará eco y recogerá la totalidad del informe» al tratarse, ha dicho, de «un acuerdo de mínimos» con un apoyo muy mayoritario.

La diputada del PP también aseguró que «la industria» apoya el informe, pese a que algunos de sus portavoces mostraron discrepancias sobre las multas a los padres y la inserción de advertencias en el etiquetado sobre los efectos del alcohol sobre la salud. Su actitud es clave, dado que el lobi del alcohol logró torpedear los cuatro intentos anteriores de limitar por ley el consumo.

LICENCIA ESPECÍFICA // Dado el alto grado de acuerdo, apenas hubo debate. Ni siquiera sobre las enmiendas de última hora que Ciudadanos y los socialistas propusieron introducir en el texto y que salieron adelante. El partido naranja ha pedido la creación de una licencia específica para aquellos establecimientos que quieran vender alcohol, la separación del alcohol del resto de productos en los supermercados y la obligatoriedad de derivar a los servicios psicosociales a los menores atendidos en hospitales por abusar de la bebida. El PSOE ha garantizado en una de sus enmiendas una financiación suficiente para los planes que prevé el informe, independientemente de que la recaudación procedente del aumento de los impuestos revierta en estos programas.

Aunque votó a favor del informe, Unidos Podemos mostró su discrepancia en el capítulo que prevé sancionar a los padres y anunció que votará en contra si se incluye en el proyecto de ley. Su portavoz en la comisión, Tania Sánchez, afirmó que su grupo es más partidario de «las medidas reeducativas». El informe ya establece que las sanciones podrían se sustituidos por trabajos en favor de la comunidad y programas de reeducación para los menores y sus familias.