La madre del bebé arrojado al río Besós el 24 de septiembre del pasado 2019 pidió ayuda para abortar a un servicio municipal del Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat, según fuentes consultadas por 'El Periódico de Catalunya'. Concretamente, se dirigió a un punto de información de Salut Joven el pasado 13 de marzo, cuando ya había cumplido los 16 años de edad y estaba embarazada de dos o tres meses.
La atendió una educadora del centro y se sometió a un tercer test de embarazo. Los dos primeros la menor se los había practicado por su cuenta. Al comprobar con la última muestra que efectivamente estaba en estado de gestación, la educadora le informó de que actualmente la ley no le permitía abortar con 16 años. A esa edad, necesitaba el permiso de sus padres. La joven trató de sortear este requisito con una mentira: asegurando que sus padres se encontraban en Bolivia. La trabajadora le dijo que todo cuanto podía hacer era acudir a un centro médico e informar allí de su situación. Nunca dio ese paso.
El cambio del PP
La ley orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo aprobada en el 2010 por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero estableció, en el cuarto punto del artículo 13 del texto dedicado a los "requisitos comunes" para abortar, que en el caso de las "mujeres de 16 y 17 años, el consentimiento para la interrupción voluntaria del embarazo corresponde exclusivamente a ellas de acuerdo con el régimen aplicable a las mujeres mayores de edad".
Sin embargo, el gobierno de Mariano Rajoy, después de enredarse con una polémica reforma de la ley que acabó con el cese del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, aprobó en el 2015 la supresión de este apartado. Es decir, para que una menor de 16 o 17 años pudiera abortar era necesario el consentimiento de sus progenitores.
La madre cuyo bebé acabó ahogado en el río Besós, sin esa reforma de Rajoy, hubiera podido comenzar los trámites para abortar aquel 13 de marzo. Extinguida esa posibilidad, e incapaz de explicar en su casa que estaba embarazada, decidió tener el bebé de forma clandestina, en la habitación de una pensión, asistida únicamente por el padre del bebé y sin anestesia. La salida que tomó la adolescente puso en riesgo su salud y la del recién nacido, que de todos modos acabaría falleciendo horas más tarde cuando su padre, también menor de edad, se deshizo de él lanzándolo al Besós, un fin que ocultó a la madre.
La pareja llevó en secreto el embarazo hasta el final. Ni profesores ni médicos ni sus padres tuvieron constancia de una gestación que se mantuvo sin ningún control sanitario. La única trabajadora que supo de su estado fue la educadora del punto de información de l'Hospitalet. Sin embargo, no existe ningún protocolo que obligue a esta educadora a actuar de un modo distinto al que lo hizo y, además, para este tipo de servicio la confidencialidad es importante dado que precisamente lo que persigue es orientar a jóvenes presa de dudas como la que oprimía a esta madre.
Fuentes de los servicios sociales de L'Hospitalet se llevan las manos a la cabeza con esta historia. El riesgo de muerte, para el niño y la madre, ante cualquier complicación, lo hace aún más grave. Con el añadido de que el embarazo de una menor de edad se considera "de riesgo" y este burló el radar de todas las administraciones.
Callejón sin salida
Para ocultar el embarazo, la joven usó ropa ancha y fingió haber ganado peso a causa de la alimentación. Sus padres no supieron, o no pudieron, ver que estaba embarazada. Tampoco los profesores del instituto. Tras topar en el punto de información contra el muro legal levantado con la reforma del gobierno de Mariano Rajoy en el 2015, la pareja se quedó en un callejón sin salida mientras el bebé crecía en el vientre.
Decidieron tenerlo y darlo en adopción. El padre, menor de edad como ella, se informó por internet de cómo podía asistirla en el parto y se prepararon para dar a luz clandestinamente. A los nueves meses, cuando las contracciones de ella eran inequívocas, alquilaron identificándose con su DNI una habitación en una pensión de L'Hospitalet, municipio en el que residen. Ella dijo en casa que la noche de aquel 23 de septiembre del 2019 iba a pasarla en casa de una amiga para estudiar esta amiga que le facilitó la coartada no intuía el motivo real. Ya en la pensión, pusieron música a un volumen alto para ahogar sus gemidos. Y la adolescente dio a luz. El padre fue a buscar comida a un McDonalds.
Al día siguiente, él se llevó las sábanas y toallas y las lavó en una lavandería de autoservicio. Las devolvió limpias y se prepararon para dejar la pensión. Envolvieron al bebé en una toalla, pusieron la placenta en la bolsa del McDonalds, hicieron las maletas y se marcharon.
En metro hasta el Besós
No podían ir con un bebé por la calle de L'Hospitalet porque el riesgo de ser descubiertos era grande. Cogieron el metro y se fueron al otro extremo de la red del suburbano: Sant Adrià de Besòs. Entonces se separaron. Con el fin de las clases en el instituto de la chica, se acabó la coartada de ella y tuvo que regresar a casa con sus padres. Según la investigación de los Mossos d'Esquadra, la joven se marchó convencida de que él iba a dar el bebé en adopción. No sucedió así.
El padre descendió a la orilla del Besós y comenzó a hacer un agujero en un cañaveral para enterrarlo. Fue descubierto por un ciudadano que paseaba el perro, que llamó al 112. El padre cogió al bebé, enrollado en la toalla, se metió en el agua y lo arrojó. Salió por el extremo opuesto dejando en la primera orilla la maleta de la ropa y la bolsa del McDonalds con la placenta. Entró mojado en el bar de La Catalana, donde simuló haber sufrido el robo de la maleta. La llamada permitió dar con él porque los Mossos, ya activados por la llamada del ciudadano que paseaba el perro, ataron cabos.
La autopsia confirmó que el bebé estaba vivo cuando fue arrojado al río. Su cadáver apareció tres días más tarde, el 27 de septiembre, tras una búsqueda agónica de los equipos de emergencias.
La Fiscalía solicitó para los progenitores medidas de internamiento hasta la celebración del juicio, que solo fueron acordadas para el padre, privado de libertad durante semanas. Hasta que su defensa recurrió y, según fuentes judiciales consultadas, la Audiencia de Barcelona lo dejó en libertad vigilada con tratamiento terapéutico, una medida frecuente para menores y que establece que debe someterse a un seguimiento por parte de profesionales que controlan su evolución psicosocial y adhesión al tratamiento.
