El Gobierno ha concluido la reforma de la ley integral contra la violencia de machista aprobada en el 2004 y que, entre otras medidas, incluye la suspensión del régimen de visitas a los maltratadores "como medida cautelar y como pena" y la inclusión como víctimas a las madres de niños asesinados por esta lacra.

Lo ha anunciado el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, en la Comisión de Igualdad del Senado, donde ha comparecido este lunes para dar cuenta de las políticas desarrolladas por su departamento en esta materia y por el grado de ejecución de las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Durante toda la tarde y hasta primeras horas de la noche dee ste lunes, el número dos de Sanidad ha detallado cómo se encuentran las más de 200 medidas de ese acuerdo al que llegaron las dos Cámaras el pasado mes de septiembre, de las que más de la mitad están ya en marcha, según Garcés.

A ellas se unirá en breve el anteproyecto de ley que reforma la ley contra la violencia machista, que el Ejecutivo ya ha cerrado y que iniciará en breve su tramitación parlamentaria una vez el Consejo de Ministros le haya dado su visto bueno.

El texto reforma una decena de preceptos de la ley integral, empezando por su artículo 1, para ampliar el concepto de violencia de género a toda aquella ejercida contra la mujer por el mero hecho de serlo, como contempla el Convenio de Estambul, y considerar como víctimas a las madres de niños asesinados.

También incluirá entre sus principios rectores una mención específica a los menores, mientras que fijará que las víctimas no necesiten procurador hasta que lo designen y que puedan personarse en cualquier momento del procedimiento, una reforma que llevará aparejados cambios en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La suspensión "imperativa" del régimen de visitas a los maltratadores se establecerá como "medida cautelar y como pena", ha explicado el número 2 de Sanidad, quien ha precisado que para ello también será preciso modificar la Lecrim y el Código Penal.

Otra de las novedades de la reforma es la de permitir la compatibilidad de las ayudas contempladas con otras legislaciones autonómicas y extender los mecanismos de acreditación de las situaciones de violencia machista o la remisión a las Cortes de los informes del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer y del Consejo Interterritorial de Salud, entre otras.

Además de la reforma de 12 normativas ya vigentes, el cumplimiento del Pacto pasa por la elaboración de otras nuevas, como será el caso de una ley integral contra la Trata de Seres Humanos y la de Violencia Sexual y otras formas de Violencia contra la Mujer.

Campaña de sensibilización

Sobre este tipo de violencia, el secretario de Estado ha asegurado que este año se pondrá en marcha por primera vez una campaña de sensibilización contra la violencia sexual -junto a otra dirigida a jóvenes y otra sobre trata-, a lo que se unirá la publicación de un estudio sobre la percepción social de esta problemática.

Garcés ha informado de que el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género trabaja en la redacción de un protocolo para la toma de declaración de los menores, y ha mostrado su convencimiento de que finalmente se conseguirá llegar a un acuerdo para defender los derechos de aquellos huérfanos cuyas madres no cotizaban en la Seguridad Social.

Ante las críticas de los grupos por que el Ejecutivo aún no haya habilitado los primeros 200 millones de los 1.000 millones que el Pacto prevé en cinco años, Garcés ha querido tranquilizarles subrayando que "no duden de que tendrá dotación presupuestaria".

"La determinación del Gobierno es la de garantizar una dotación presupuestaria adecuada y suficiente", ha dicho Garcés instando a los senadores a "no perder la oportunidad de trabajar juntos para erradicar la violencia de género y para que ninguna mujer siga sufriendo la cara amarga de la desigualdad".

En la primera parte de su comparecencia dedicada a la Igualdad, el secretario de Estado ha avanzado, entre otras cosas, que se reforzarán próximamente las competencias del Observatorio de la Imagen de las Mujeres para dotar a este organismo de una mayor capacidad de actuación en el fomento de una imagen equilibrada y no estereotipada de las mujeres.