María y su hija ya no están juntas. Ayer al mediodía la madre puso fin a siete días de encierro en el consulado de Uruguay en Barcelona. Acató finalmente la orden judicial y entregó a la pequeña de 7 años a los Mossos para que estos la condujeran hasta su padre biológico, Pablo. El progenitor no acudió a la legación diplomática y esperó en Vielha, donde reside, a que la policía catalana le llevara a la cría.

La entrega fue traumática porque la niña suplicó a los psicólogos, que supervisaron la entrega, que no la apartaran de su madre. «No me quiero ir, no me quiero ir», balbuceó tras despedirse de su madre, que rompió a llorar y minutos después tuvo que ser atendida por un ataque de ansiedad y evacuada en ambulancia.

El traspaso forzoso de la pequeña a los agentes de la policía de la Generalitat, que vestían de paisano, se produjo a las 12.37 horas en la puerta del consulado, en el cuarto piso de un edificio de la avenida de la Diagonal, en presencia de los abogados de la madre, Mario Guerrero y Ester García, y tutelado por dos psicólogos de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adol·lescència (DGAiA). La menor hace más de tres años que no ve a su padre y tiene a su madre como su único referente. La madre, de entrada, solo podrá ver de nuevo a su hija en visitas de dos horas pactadas.

Las negociaciones para poner fin al atrincheramiento consular comenzaron el jueves. Los abogados de la mujer, tras reunirse con ella en el consulado, comunicaron a los Mossos y al juzgado que la madre iba a salir de la legación a las 12 del mediodía. Sin embargo, al cumplirse esa hora, se tuvo conocimiento de que la togada había dictado otro auto, que todavía no había llegado a los letrados, que concretaba que en el plazo «improrrogable» de dos horas y como máximo antes de las 14.00 horas la madre debía poner a la menor a disposición de los Mossos, bajo el apercibimiento de incurrir en un delito de desobediencia en caso de no hacerlo. No hizo falta agotar ese plazo.

Una semana / El encierro de madre e hija en la oficina diplomática comenzó hace una semana, el pasado viernes a las 10.00 horas, cuando el cónsul, tras recibirlas, declaró que la sentencia de la jueza no se iba a cumplir porque aquel no era el lugar adecuado para efectuarlo.

La menor llevaba desde el 2016 sin convivir con su padre. Aquel año, María viajó para ver a su familia a Uruguay con la pequeña. Una vez en el país latinoamericano descubrió, siempre según su versión, que presuntamente su hija habría sufrido abusos sexuales por parte del progenitor (el caso fue después archivado). El hallazgo provocó que María se quedara con la pequeña en Uruguay y que su exmarido denunciara en España la usurpación de la que también era su hija.

Los psicólogos uruguayos dieron credibilidad a los supuestos abusos pero en el 2018, cuando la justicia española obligó a madre e hija regresar a Cataluña, estos fueron archivados. El litigio civil que comenzó a partir de entonces por la custodia de la menor finalizó hace dos semanas y el fallo resolvió que la niña tiene que ir a vivir con su padre.