María y su hija ya no están juntas. Se han acabado sus siete días de encierro en el consulado de Uruguay en Barcelona. Cumpliendo con la orden judicial, la madre ha entregado este viernes a la pequeña de 7 años a los Mossos d’Esquadra para que estos se la entregaran a su padre biológico, que no ha acudido por la mañana a la legación diplomática como estaba previsto, lo que ha demorado el cambio de tutela. "No me quiero ir, no me quiero ir", ha gritado la niña tras despedirse de su progenitora, que ha roto a llorar y minutos después ha tenido que ser atendida por un ataque de ansiedad.

La entrega se ha producido en presencia de los abogados de ambas partes en el rellano del consulado y ha sido supervisada por un psicólogo de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAiA). La menor hace más de tres años que no ve a su padre y percibe a su madre como su único referente familiar.

Los Mossos llevaban una semana de guardia en ese rellano porque tienen orden de la jueza de Vielha (Valle de Arán) de coger a la menor y dársela en custodia al padre en cuanto salga del consulado, un lugar protegido por las leyes diplomáticas al que la policía catalana no puede acceder sin el permiso del cónsul de Uruguay. El Gobierno uruguayo ya había dejado claro que no iba a expulsar a madre, de nacionalidad uruguaya. Pero María, que a través de sus abogados -Ester García y Mario Guerrero- había tratado sin descanso de provocar un cambio por parte de la justicia española que no se ha producido, cederá y perderá la custodia de su hija. Ese es el fallo: que el padre reciba la custodia de la menor y que María pueda únicamente tener contacto con la niña durante dos horas semanales y en un punto de encuentro supervisado. La abogada del progenitor, Carme Simón, ha defendido durante este tiempo que la única salida era cumplir la resolución judicial.

El cambio de un progenitor a otro será, presumiblemente, algo doloroso para la menor, que desde el 2016, cuando todavía no había cumplido los 4 años, dejó de convivir con su padre. Aquel año, María viajó a Uruguay con la pequeña y una vez en el país latinoamericano descubrió, siempre según su versión, que presuntamente su hija habría sufrido abusos sexuales por parte del progenitor. El hallazgo provocó que María se quedara a vivir con la pequeña en Uruguay y que su exmarido denunciara en España la usurpación de la que también era su hija. Los psicólogos uruguayos dieron credibilidad a los supuestos abusos pero en el 2018, cuando la justicia española obligó a madre e hija regresar a Cataluña, estos fueron archivados. En España no se aceptaron estos informes uruguayos. El litigio civil que comenzó a partir de entonces por la custodia de la menor finalizó hace dos semanas y el fallo resolvió que la niña tiene que ir a vivir con su padre porque la madre supone un riesgo para la hija porque la manipulaba.

María tenía que entregar a la pequeña el pasado viernes, por decisión de la jueza de Vielha, a las diez de la mañana en el consulado uruguayo, adonde su padre iba a recogerla una hora más tarde. Sin embargo, el cónsul declaró que ese espacio no era competente para ejecutar sentencias de la justicia española y se negó a cumplir con el mandato de la togada. Madre e hija comenzaron entonces un atrincheramiento que ha durado siete días.

En Uruguay el caso de María ha cobrado una gran relevancia social porque para muchos la justicia española ha cometido un abuso al no hacer caso de los psicólogos uruguayos, al decidir que el punto de encuentro fuera el consulado -un gesto que se ha recibido como una ofensa- y al retirar completamente la custodia a la mujer.

LA CRONOLOGÍA

EL INICIO DEL CONFLICTO: María y su hija viajan en el 2016 a Uruguay para ver a su familia. Durante el vuelo, la menor, que entonces tenía 3 años, hace dibujos de contenido sexual que levantan las sospechas de la madre. Tres especialistas visitan a la pequeña y afirman que ha sufrido abusos por parte del padre y ha visto violencia en casa. La mujer corta la relación con él y se queda en su país.

LAS DENUNCIAS CRUZADAS: Un año y medio después, María denuncia a su expareja. Paralelamente, el hombre la denuncia a ella por sustracción de la menor. El asunto acaba en un litigio internacional que resuelve que la mujer y la niña deben volver a España para que se haga el juicio.

EL LITIGIO EN ESPAÑA: Madre e hija regresan en verano del 2018 (se instalan en Castelldefels). En febrero del 2019, la justicia española archiva las denuncias contra el padre (los peritos catalanes descartan abusos). Se inicia la vía civil por la custodia. Una jueza de Vielha da la razón al padre y ordena que le sea entregada la menor el 4 de octubre en el consulado. La madre va con la niña pero, con el aval del cónsul, no la entrega: se queda en la legación para que no se la quiten, como dicta la jueza.

UNA SEMANA DE ENCIERRO: Madre e hija cumplen este viernes una semana de encierro en el consulado. Durante esos siete días se han organizado actos a favor de la madre en Barcelona y en defensa del padre en Vielha. En Uruguay, donde el caso ha generado una gran expectación, el ministro de Exteriores Rodolfo Nin Novoa ha expresado su rechazo a la decisión de la jueza de que la niña sea entregada en el consulado de su país pero, al mismo tiempo, se ha mostrado confiado en que María cumpla la sentencia y entregue a la pequeña. Sin embargo, ha dejado claro que no las expulsará de la legación diplomática.