El primer día del endurecimiento efectivo del confinamiento tras un lunes de confusión, el Gobierno lanzó una nueva batería de medidas, «una red de seguridad» para este periodo excepcional, en palabras de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. Esta batería de iniciativas, que incluye la prórroga de la duración de las establecidas al inicio de esta crisis hasta un mes después de acabar el estado de alarma, va dirigida a proteger desde los inquilinos hasta los autónomos y las familias de los efectos del coronavirus.
Las nuevas medidas, anunciadas el mismo día en el que se batió el récord de contagios y fallecimientos en España por el covid-19, van desde un aplazamiento de seis meses sin intereses en las cotizaciones a la Seguridad Social de los autónomos y las empresas a la prohibición de que se corte el suministro de servicios básicos como la luz, el agua, el gas y las telecomunicaciones al conjunto de la población durante el estado de alarma, no solo a los colectivos vulnerables como se había establecido inicialmente. E incluso la restrición temporal de la publicidad de las apuestas en horarios diurnos.
En una comparecencia junto con la portavoz y titular de Hacienda, María Jesús Montero y el vicepresidente de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias, probablemente para tratar de acallar las informaciones que apuntan a profundas discrepancias de este con Calviño, ambos dieron a conocer las nuevas medidas, más de 50, que se incluyen en un real decreto-ley. El texto profundiza en la moratoria en las hipotecas, que pasa de uno a tres meses y se extiende a los locales y oficinas de autónomos, así como a los créditos personales y al consumo de colectivos vulnerables.
A su vez se crean nuevas prestaciones especiales para colectivos como las empleadas del hogar, los parados sin subsidio y los trabajadores temporales y se paralizan durante seis meses los desahucios. Se trata de que «nadie se quede atrás», según aseguró la ministra Montero.
Al tiempo que aprovecharon para aclarar, por su precipitación, el alcance del mayor confinamiento decretado desde este lunes, que afecta a todos los servicios que no son considerados esenciales, el Gobierno ha reforzado lo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, definió como un «escudo social» para paliar los efectos de la «hibernación» de la economía nacional mientras dura la propagación del coronavirus.
Montero destacó que las nuevas iniciativas cumplen el triple objetivo de fortalecer el sistema sanitario, sostener el modelo productivo y prevenir la desigualdad sobrevenida a esta situación. Calviño afirmó que el endurecimiento del confinamiento, que la ministra portavoz añadió que «salva vidas», se enmarca en el paralelismo que el Gobierno busca entre la respuesta sanitaria y la económica y social. «Cuanto menos dure esta situación excepcional antes podremos recobrar la normalidad», dijo. A la vez afirmó que este nuevo paquete completa las iniciativas destinadas a dar respuestas sociales a la crisis. La máxima responsable de la política económica manifestó que las medidas siguen las recomendaciones de las autoridades sanitarias y «recogen las sugerencias que nos han hecho llegar los agentes sociales».
Iglesias subrayó que las medidas buscan ofrecer seguridad y protección a todas las personas y consolidar el «derecho constitucional» de la vivienda, un bien «más imprescindible» ahora al ser la «trinchera» desde la que los ciudadanos se protegen del virus, tras pedirles que permanezcan en casa para evitar contagios. A su juicio, en esta ocasión «se pone dedicidamente a nuestro país en la senda de una salida social a esta crisis opuesta a la que se aplicó en el pasado».
El vicepresidente segundo aprovechó para «tender la mano» a la oposición, para que «se sumen» a la lucha del Gobierno contra el coronavirus y «aporten sus ideas de forma constructiva», porque, según defendió, «el patriotismo no es otra cosa que defender lo común».
artículos // «El patriotismo es poner el interés general del país por delante de los intereses particulares. Defendamos lo común, haciendo efectiva la Constitución, que es el escudo social que nos une a todos», emplazó. En su intervención, Iglesias hizo referencia al artículo 35 de la Constitución, que protege el derecho al trabajo, o al 40, que manda a los poderes públicos a trabajar para la distribución equitativa de la renta y el pleno empleo, a fomentar la seguridad e higiene en el trabajo, y a garantizar el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados.
Asimismo, citó el artículo 41 que defiende la Seguridad Social; el 43 que habla de la protección de la salud; el 47, que protege el derecho a la vivienda; el 50, del derecho a las pensiones; o el 51, que vela por la defensa de los consumidores. «Son la base de la democracia para afrontar esta crisis», aseguró Iglesias.
«En la tarea de construir el escudo social tenemos la suerte de contar con un marco de referencia idóneo: la Constitución. Si existe un instrumento que pueda informar tanto el espíritu como los elementos concretos de lo que debe ser un cinturón de seguridad para la gente, sobre todo ante situaciones de crisis como la que enfrentamos, ese instrumento es nuestra Constitución», enfatizó. El líder morado hizo además un reconocimiento a la generación que «peleó» para que esos derechos sociales estén recogidos en la Constitución, que es la que ahora se está viendo más afectada por la pandemia. «Son días de inmenso dolor para nuestros ciudadanos. Este virus está siendo especialmente mortífero con las generaciones que nos trajeron la democracia», lamentó.
