El 70,54 % de las sentencias dictadas por violencia de género en 2019 fueron condenas, en concreto , 36.534, el máximo histórico anual, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género de este órgano de gobierno de los jueces ha hecho público este lunes su informe sobre violencia machista del año pasado, en el que destacan también los aumentos en las órdenes de protección solicitadas (cerca de un 4 % más) y concedidas (casi un 2 % más), así como un mayor número de denuncias: 168.957, lo que supone un ascenso del 0,67 %.
El número de mujeres víctimas de la violencia machista ascendió a 161.378, un 1,76 % más que en 2018. De ellas, el 32,7 % eran extranjeras. Sigue siendo las propias mujeres maltratas las que más denuncian su situación, el 72 %, mientras que la policía interpuso un 13 %, los partes de lesiones supusieron el 9,58 % y la denuncia de los familiares, el 2,6 %.
"El aumento de las denuncias (...) nos vuelve a situar en un escenario en el que es positivo que afloren todas las conductas de violencia sobre la mujer y hacia los menores, aunque es evidente que los datos nos sacude internamente pues estamos hablando de cifras inasumibles, impropias de una sociedad madura y civilizada", ha denunciado la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona.
De 51.790 sentencias dictadas en el 2019, 36.534 fueron condenas (70,54 % frente al 70,45 % de 2018) y 15.256, absoluciones. En los juzgados de violencia sobre la mujer, las sentencias condenatorias fueron del 88 % (casi dos puntos más que en 2018), un porcentaje que contrasta con el 57,84 % de las emitidas por los juzgados de lo penal (que también suben pues el año anterior fueron del 57,14 %). El informe del Observatorio detalla que los juzgados de violencia sobre la mujer celebraron 7.221 juicios sobre delitos leves, en el 78 % de los casos por vejaciones o injurias.
El CGPJ sostiene , además, el incremento de delitos de violencia machista cometidos por menores: se enjuició a 312 menores por este motivo, un 25 % más que en 2018. En el 93,5 % se impusieron medidas y en una abrumadora mayoría estos delitos fueron cometidos por menores españoles (85 %). En este sentido, Carmona ha lamentado que siguen creciendo las menores víctimas y los menores enjuiciados por delitos de violencia sobre la mujer: "Me preocupa que persistan todavía actitudes de violencia machista, que debieran tener muy interiorizados" los valores de igualdad, respeto y libertad, "sin los que es imposible construir relación de afecto alguna".
Medidas de protección
Entre enero y diciembre de 2019, las solicitudes de medidas de protección fueron de 47.260, 40.720 en los juzgados especializados (un 3,94 % más), de las que siete de cada diez fueron adoptadas. Es decir, se produjo un incremento del 1,8 %. En un 66,3 % de los casos se dictaron órdenes de alejamiento; en un 67,5 %, prohibición de comunicación; en un 7,11 %, veto a volver al lugar; y en un 2,9 % se decretó la privación de libertad.
Los juzgados de violencia sobre la mujer acordaron 173 medidas específicas de protección de los menores para evitarles peligro o perjuicio.
Por su parte, se dictaron 17.402 medidas civiles cautelares de protección de mujeres y menores mientras se resolvía el proceso penal: un 20,3 % en relación con la prestación de alimentos, un 16,6 % con la atribución de la vivienda, un 53,8 % con la suspensión de la guarda y custodia de los hijos; un 3,04 % tuvieron como finalidad la suspensión del régimen de visitas y sólo el 0,53 % la suspensión de la patria potestad.
Dispensa de no declarar
En 2019 ha descendido en un 0,82 % el número de víctimas que se acogieron a la dispensa de la obligación legal de declarar: desde las 17.347 de 2018 hasta las 17.205 de 2019. Estos datos suponen que el 10,66 % de las víctimas se negó a declarar contra su agresor. Siguen siendo las extranjeras las que más se acogen a esta posibilidad (un 12 % del total, frente al 10 % de las españolas).
Los datos del CGPJ reflejan que la violencia machista se da de forma dispar en las comunidades autónomas y la ratio de denuncias por cada 10.000 habitantes superó la media española (67,3) en los casos de Baleares (109,5), Comunidad Valenciana (90,4), Canarias (89,9), Murcia (85,3). Las proporciones más bajas se dieron en Castilla y León (42,4), Galicia (42,8) y Extremadura (45,9).
