Durante su visita a España a inicios de febrero, el relator de la ONU de pobreza severa, Philp Alston, incluyó en su revelador informe que España debía de aplicar una renta mínima de ingresos a nivel estatal. Esta fue una de las medidas que propuso entonces el relator, además de sugerir que el estado debía regular el precio de los alquileres, y que había que legislar contra el fraude fiscal y a favor de los más vulnerables.