El porcentaje de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza y se benefician de las rentas mínimas de inserción (RMI) no ha hecho más que disminuir desde el 2015 en España. Según el último informe que hizo público ayer el Ministerio de Sanidad, correspondiente al año 2018, ni siquiera el 8% de este colectivo de la población, el más vulnerable, se ha beneficiado de las RMI que gestionan las diferentes comunidades autónomas.

Como en anteriores informes, este muestra una vez más las claras diferencias entre autonomías. Destacan dos, País Vasco y Navarra, con porcentajes que suponen en el primer caso casi tres cuartas partes, y en el segundo, dos tercios de su población por debajo del umbral de la pobreza. A continuación se sitúa Asturias, donde reciben estas rentas una de cada tres personas vulnerables. Del resto, solo cinco comunidades garantizan porcentajes superiores al 10% (Baleares, Aragón, Cantabria, Asturias, Madrid y Cataluña). Las RMI de las nueve comunidades restantes ni siquiera alcanzan esta cobertura y en el caso de Andalucía y Castilla-La Mancha sus porcentajes están por debajo del 2%, situándose también en el furgón de cola la Comunitat Valenciana, que cuenta con un porcentaje del 3,1%, bastante inferior a la media nacional.

IMPORTE A RECIBIR / En cuanto a las cuantías, Extremadura sobresale con el 32,5%, es decir, el importe que reciben, como media, los perceptores de las RMI en esa comunidad suponen casi una tercera parte de su renta media por hogar. Con 10 puntos de diferencia le sigue Cataluña, cuya cuantía media supone más de una quinta parte de su media de renta por hogar. Solo otras cinco comunidades superan el 15%. Por el contrario, cuatro comunidades tienen porcentajes inferiores al 10%, destacando Baleares con el 5,7%. En este aspecto, la Comunitat Valenciana también marcha por detrás y es la que precede a Baleares, con un 8,7%, cuando la media nacional es del 13,7%. Es decir, cantidades ínfimas que, de ninguna manera, permiten a sus beneficiarios garantizar la supervivencia, según denuncia la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España.

Ante este desolador panorama en el que se encuentra España, esta asociación insiste en la necesidad de que se articule a nivel estatal una garantía de ingresos para todos los ciudadanos y mejorar esta situación. «Apelamos a la conciencia de quienes consideren la dignidad del ser humano por encima de cualquier otra consideración política o económica, para que se ponga en marcha en el Congreso las comisiones o grupos de trabajo que aborden esta cuestión, en esta misma legislatura, y que no abandonen su tarea hasta lograr ese pacto por una garantía de ingresos mínimos a todos los ciudadanos», reclaman los directores de servicios sociales.