La entrada en vigor de las leyes españolas contra el tabaquismo del 2005, que entre otros aspectos prohibía fumar en los lugares de trabajo, y especialmente del 2010, que aumentaba el veto a bares y otras áreas de uso compartido, ha tenido un efecto beneficioso sobre la salud: entre otros aspectos, se han reducido en un 15% los ingresos hospitalarios por enfermedad obstructiva crónica, en un 10% el número de niños nacidos con bajo peso y entre un 5% y un 15% la tasa de mortalidad por infartos de miocardio.

Los datos, incluidos en una monografía de la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) publicada con motivo del Día Mundial sin Tabaco, que se celebra mañana, demuestran que ambas normativas, «recibidas al principio con escepticismo», han tenido un «efecto claramente beneficioso» sobre la salud, destaca uno de los coordinadores del trabajo, Esteve Fernández. Eso sí, añade: «Tenemos que ir más lejos. No podemos dormirnos en los laureles».

MENOS FUMADORES // Lógicamente, si los logros en materia sanitaria son una realidad es porque ambas normativas tuvieron un efecto directo sobre el número de personas que fuman. Entre los años 2006 y 2014, el porcentaje de población adulta fumadora se redujo a un ritmo anual del 1%, especialmente en el caso de los varones (ahora son aproximadamente el 25%, frente al 57% de 1987). También se redujo de 17 (1987) a 13 (2014) el número de cigarrillos consumidos diariamente por la población fumadora activa. Es muy destacable finalmente la cantidad de personas que decidieron dejar de fumar y lo lograron a partir de la entrada en vigor de las dos legislaciones.

La monografía, consultable en internet, la ha realizado el Grupo de Trabajo sobre Tabaquismo de la SEE a partir de toda la bibliografía disponible. En líneas generales, dice Fernández, la tendencia es positiva: por ejemplo, en un análisis de las políticas nacionales en prevención del tabaquismo en Europa, que es uno de los estudios citados en la monografía, España se situaba en el 2004 en el puesto número 24 sobre 28 países, mientras que ahora se encuentra en el 8 sobre 35.

Aun así, los especialistas de la SEE recuerdan como aspectos negativos que el porcentaje de la población adulta que fuma, el citado del 25%, es todavía superior a la media de la Unión Europea, o que los jóvenes que se inician en el tabaquismo lo hace a los 13,9 años, también antes que el promedio europeo. La mayoría de los fumadores respetan la prohibición de fumar, si bien todavía un 5% sigue fumando en el trabajo, un 9% en bares y restaurantes, un 4% en discotecas y pubs, un 9,8% en vehículos oficiales y un 2,2% en taxis.

MEDIDAS // Entre las lagunas del sistema español, Fernández cita en primer lugar que los tratamientos farmacológicos para dejar de fumar no están incluidos en la Seguridad Social. También considera que hay margen para subir aún más el precio del tabaco, que obviamente es un factor disuasorio, especialmente en el caso de los jóvenes. La SEE aboga por regular el uso de los cigarrillos electrónicos en lugares públicos, equiparándolos al tabaco.

Entre los incumplimientos de las leyes en vigor, el investigador comenta el caso de jardines y otros espacios exteriores de los hospitales. «No se puede fumar en ellos, pero es fácil encontrar a gente haciéndolo. Debería haber más control y unos perímetros muy definidos. Es que ya no es una cuestión de exposición, sino de conciencia del problema».