Miriam Pérez, la joven de 29 años con discapacidad a la que se le retiró la pensión en noviembre, falleció el lunes pasado por un fallo multiorgánico, provocado por una deficiencia respiratoria. La joven de Cartagena sufría un 91% de discapacidad desde su nacimiento por un error médico que le provocó una parálisis cerebral. Desde los 15 años cobraba una pensión no contributiva que le permitía que Miriam tuviera la fisioterapia adecuada y los tratamientos y servicios.
Su historia se difundió a través de las redes sociales a principios de este mismo mes de diciembre, a raíz de que el Instituto Municipal de Acción Social (IMAS) de Cartagena decidiera retirarle la pensión porque su familia superaba por 600 euros la horquilla máxima de ingresos anuales. Además, obligaron a la familia a devolver 12.000 euros al considerar el IMAS que fueron «percibidos indebidamente» durante el periodo entre el 1 de enero del 2016 y el 31 de octubre del 2017.
Tras la decisión de la retirada de la pensión, la familia comenzó una campaña en Change.org para denunciar la situación de la joven, con la que ya suman 135.000 firmas. La familia superó el umbral de ingresos que le permitía recibir la pensión debido a que el padre de Miriam, que es funcionario, recibió una paga extra que le debía el Estado desde el año 2012 y cuyo cobro no esperaba, y además una de sus hermanas empezó a trabajar.
