La petición registrada en la plataforma Change.org por Juan Carlos Quer, el padre de la joven fallecida Diana Quer, para solicitar al Congreso de los Diputados que no apruebe la proposición de ley de derogación de la prisión permanente revisable, ha superado ya las 1,5 millones de firmas en poco más de una semana.
La iniciativa recibió un gran apoyo inicial e incluso provocó la caída temporal de la página debido al aluvión de adhesiones. Fue el pasado viernes 19 de enero, cuando, además del entorno cercana de la chica madrileña, las familias de Yéremi Vargas, Marta del Castillo o Mari Luz Cortés pusieron en marcha de forma conjunta una campaña titulada Tu protección es nuestra lucha para evitar la desaparición de la pena de prisión permanente revisable. Además, decenas de familiares de casos menos mediáticos en los que fueron asesinados menores, algunos con delitos de agresión sexual, se han puesto en contacto directo con la plataforma para expresar su total apoyo.
Hasta ayer, la campaña acumulaba más de 1.538.000 firmas en contra de la derogación que se está tramitando en el Congreso de los Diputados desde el pasado mes de octubre de una pena a la que podría enfrentarse el autor confeso de la muerte de la joven Diana Quer, José Enrique Abuín Gey, conocido como el Chicle, si una vez que concluya la investigación, se le acusa de un delito de asesinato y de una agresión sexual previa al mediático fallecimiento de la joven madrileña.
«UN CALVARIO» // «No hay un día desde que empezamos la campaña en que no reciba algún mensaje de otras familias que han sufrido un calvario igual, o peor, que el nuestro, ofreciéndome todo su cariño y absoluto respaldo a la iniciativa», afirmó Juan Carlos Quer, quien agradeció estas muestras de generosidad y solidaridad en un comunicado.
El texto de la petición subraya que las familias que impulsan la propuesta son «ajenas a cualquier ideología política» y defienden el mantenimiento de la prisión permanente revisable para «evitar que se vulneren los derechos más elementales del ser humano». Se trata de una medida introducida en el Código Penal en el año 2015 y que, a pesar de que está previsto que se inicien los trámites en el Congreso para que sea derogada, las últimas encuestas revelan que ocho de cada diez españoles está a favor del mantenimiento de la condena.
Esta pena, que dicta que una vez cumplida la sentencia el condenado sea examinado bajo criterios objetivos para acreditar que está rehabilitado y puede volver a salir en libertad, existe en países cercanos como Alemania, Francia, Reino Unido o Suiza.
