Omar Sylla nació en Senegal hace 29 años. Cuando tenía 17, abducido con imágenes televisivas de una Europa bucólica, abandonó a su familia para cumplir un sueño: tener un futuro. Se metió en una patera junto a 150 personas. Sobrevivió al infierno en el mar y llegó a Tenerife, donde le esperaba otro.

Nadie le trató como lo que era, un menor no acompañado. Ingresó en un centro de extranjeros, un «centro militar». Intentó escapar, pero no pudo. Un día le metieron en un avión. ¿Volverían a Senegal? Aterrizaron en Madrid pero las cosas no fueron a mejor. «Nadie nos dio formación. Ni posibilidad de integrarnos», dice Omar. Gracias a «particulares» logró salir a flote y pudo regularizar su situación. Pero lo tiene claro: no volvería a jugarse la vida ni a meterse en una patera.

Save the Children presentó ayer en Madrid su primer informe sobre menores extranjeros no acompañados. Los números son escalofriantes. En el 2017, España registró la llegada de 2.500 menores extranjeros no acompañados, lo que supone un aumento del 60,4% en solo un año.

Y en Castellón, la cifra se multiplicó por cinco. De los 8 niños y niñas acogidos en el 2016 se pasó a casi medio centenar en el 2017, concretamente 46. Por nacionalidades, destacan Rumanía y Marruecos, un 39% y un 30% respectivamente. Le siguen niños y niñas de Pakistán (6,5%), Senegal, Argentina, Brasil y Nigeria (4,3%), India, Perú y la República de Benín (2,1%). Respecto al género, los niños son mayoría: el 60,8%.

Si se compara con otras comunidades, la valenciana es ahora la quinta en número de menores tutelados, con casi un 5%, por detrás de Andalucía (34%), Cataluña (12%), Euskadi (10%) y Madrid (7%), además de Melilla (14%).

EN RIESGO

Son personas en estado de riesgo absoluto y cuyos derechos son vulnerados una y otra vez por parte de un sistema que les considera «inmigrantes antes que niños». En muchos casos, viven en la calle como mendigos y son explotados. Y las niñas, víctimas de las redes de prostitución.

«El primer riesgo que corren es el propio viaje, la mayoría por rutas marítimas, donde se juegan la vida» explica Andrés Conde, director general de Save the Children. El segundo es que las autoridades, por defecto, les consideran mayores de edad. «Nadie les facilita el permiso de residencia», denuncia la directora de sensibilización y políticas de infancia de Save the Children, Ana Sastre. La oenegé sospecha que al Gobierno le va bien que la vida de estos menores en España sea tan desastrosa para que sus dramáticas historias desanimen a otros chavales.

El informe insiste en los motivos que hacen a los menores abandonar sus países. La mayoría lo hace para cumplir un sueño, como Omar. Otros son víctimas de maltrato y abuso en casa --sobre todo las niñas-- y otros tienen una economía familiar tan infame que son la única posibilidad de que sus padres y sus hermanos obtengan algo de dinero.

Ante semejante situación, la oenegé exige al Gobierno varias medidas. Entre ellas, reformar la ley de seguridad ciudadana para evitar las devoluciones inmediatas, así como determinar la edad de los menores gracias a los papeles que ellos lleven y, si no lo hacen, en una entrevista.