El niño que ha sufrido un desahucio es un niño invisible. Invisible porque muy pocos tienen en cuenta su opinión en el largo proceso que empieza el día en que su familia deja de pagar las cuotas de la hipoteca o el alquiler. Invisible porque ninguna ley, ninguna Administración, ha previsto medidas para mitigar el impacto emocional que la pérdida forzosa de un hogar y el desarraigo provocan en un menor. Invisible porque los propios padres son, muchas veces, los primeros que silencian el asunto para proteger a los hijos, para mantenerlos lejos del problema. «O silencian su situación frente al menor para evitar problemas mayores con los servicios sociales», apostilla José Carlos González, director de la Asociación Educativa Nou Quitxalles-Familia Juanitos, una entidad del barrio del Gornal de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), por la que pasan decenas de críos en riesgo de exclusión.

Con la colaboración de una red de psicólogos voluntarios, de la Universitat de Barcelona y de la Autònoma de Barcelona, del Hospital de Sant Joan de Déu, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de L’Hospitalet y de colegios e institutos, Nou Quitxalles puso en marcha en septiembre del 2015 un servicio pionero de atención a menores que están en proceso de desahucio.

«Vivimos con preocupación cómo el rendimiento escolar de los niños que habían sido víctimas de desahucios caía en picado y concluimos que en la mayoría de los casos presentaban cuadros de ansiedad, angustia o estrés, que eran firmes candidatos a sufrir algún problema de salud mental», explica el director de la oenegé promotora del programa.

El fracaso escolar fue solo la punta del iceberg. «Cada vez hay más niños que viven situaciones traumáticas, desalojos que en ocasiones se repiten incluso en más de una ocasión, y eso puede dar lugar a una generación con graves secuelas», alerta Manel Salcedo, psicólogo. ¿Y dónde está la Administración en este proceso? «Las administraciones públicas y la clase política no están teniendo suficientemente en cuenta el impacto psicológico que un desahucio causa en el menor», responde el propio Salcedo.

MÁS APOYO // «La Administración ha de ofrecer una vivienda que compense al menor una vez que el niño es desahuciado, algo que, a mi entender, es un derecho constitucional», prosigue José Carlos González. En lugar de eso, lamenta, «otorgan más relevancia al proceso jurídico hipotecario que a los efectos emocionales que sufren estos niños». «Una de nuestras exigencias a la Administración es que nos den apoyo y faciliten los trámites para conseguir, por ejemplo, nuevos locales en los que atender a estos menores. A día de hoy todavía estamos a la espera de que se resuelva esta petición», señala Salcedo.