El colectivo de defensa de los derechos humanos Iridia han elaborado un estudio con víctimas de violencia sexual en el que se deja constancia de las prácticas deficientes del sistema judicial. Así, reclaman a jueces y fiscales que cambien la forma de interrogar a las afectadas para que no sufran una doble victimización, eliminado las referencias a ciertos esterotípos y al consentimiento o no por parte de la mujer a mantener relaciones sexuales con el denunciado. ¿Cómo hiciste saber que no querías estar con él? ¿Dijistes que no? ¿En que momento? ¿Ofrecistes resistencia? ¿Cómo ibas vestida? ¿Habías bebido?”, son algunas de las preguntas que se vierten en declaraciones judiciales.

“La mayoría de las víctimas se sienten que es un juicio contra ellas y que deben desmostar que son inocentes y que el culpable es el agresor. Es la presunción de veracidad, cuando ellas son las afectadas”, ha asegurado este jueves la abogada Carla Valls, del grupo Iridia. De las 38 mujeres entrevistadas para el estudio, solo una de ellas ha manifestado que el proceso judicial ha cumplido con sus expectativas. El resto se han sentido, de una forma y otra maltratadas, sufriendo, en definitiva, una doble victimización. Es lo que los expertos denominan “violencia institucional”.

La letrada ha recordado que ninguna mujer se expone al riesgo al riesgo de hacer una denuncia falsa porque sí, ya que cuando una agredida da el paso “su entorno se disgrega”. “En abstracto todo el mundo quiere combatir la violencia sexual, pero cuando se denuncia, aparecen los mitos y estereotipos”. Es decir, en ocasiones se llega a criminalizar a la denunciante poniendo en duda su versión, preguntándole si había bebido alcohol antes de mantener relaciones sexuales con el acusado o insinuando que ella era la que había buscado ese contacto físico. Un ejemplo claro es lo sucedido con el caso de los cinco miembros de La Manada que abusaron sexualmente de una joven en los Sanfermines del 2016.

NO SON INVITADAS DE PIEDRA

Iridia plantea, por lo tantos, cambios en el sistema judicial para poner el foco en los agresores. Que los jueces y fiscales, al tomar declaración a la víctima, eviten dar por hecho que hasta que no se dice no de forma clara “hay barra libre de violencia sexual”. A su entender, la justicia, además, deben tener en cuenta al valorar el testimonio de la afectada que en ocasiones su relato es desordenado y con lagunas por el trauma que han sufrido. Para la abogada Carla Valls, no puede ser que las víctimas sean “invitadas de piedra” en el proceso judicial: tienen todo el derecho a introducir los elementos de afectación de la situación que han vivido y a ser escuchadas. “Hay hombres que instrumentalizan el proceso para ejercer más violencia a las víctimas”, sostiene la jurista.

La conclusión del equipo de Iridia es que la formación de carácter jurídico no es suficiente para que los operadores jurídicos puedan alejar los mitos y estereotipos en torno a la violencia sexual, por lo que es necesario un conocimiento más amplio y específico sobre la materia, y que no hay diferencias de trato entre los juzgados ordinarios y los de violencia sobre la mujer. Por esa razón, no solo se apuesta por una modificación de la actitud por parte de los juristas, sino también por una reforma legal para que las mujeres agredidas no sean también víctimas del sistema judicial, que debe dotare, al entender de este grupo de expertos, de más recursos para erradicar la lentitud y la adecuación de las dependencias judiciales. Hay edificios que no cuentan con una sala adecuada para que las víctimas esperen su turno para declarar.