El tribunal que juzga desde el lunes a cinco jóvenes acusados de una violación múltiple a una chica de 18 años en los Sanfermines del 2016 ha decidido que la vista continúe celebrándose a puerta cerrada. Así lo confirmó ayer el abogado navarro José Javier Echeverría, que junto a Agustín Martínez Becerra defiende a tres de los cinco acusados del grupo de amigos conocido como La manada, en uno de los recesos de la cuarta sesión del juicio.

Ayer, uno de los abogados de la defensa pidió que, ya que el Tribunal Superior de Navarra había informado sobre una de las pruebas aportadas, el juicio se desarrollara de forma pública, a puerta abierta. En concreto, se refería a la aceptación por el tribunal de un informe elaborado por unos detectives privados sobre la vida de la víctima y que ha causado mucha polémica porque se considera que culpabiliza a la joven.

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra, compuesta por tres jueces, decidió por unanimidad que el juicio se mantenga en las mismas condiciones que hasta ahora, es decir, a puerta cerrada. Y que tan solo los días 24 y 27 de noviembre, cuando se presentarán los informes finales y se ofrecerá el derecho a la última palabra, el juicio sea accesible al público en general, con la condición de que no se realicen grabaciones de audio ni de vídeo. El acuerdo se tomó con la oposición de una magistrada.

Para el abogado Martínez Becerra, si al menos las dos últimas sesiones son públicas se evitarán juicios paralelos, ya que «se trata de la única manera de que todos vayan a entender, una vez que estén en la sala, cuál es la naturaleza o el contenido de lo que ha ocurrido y de las conclusiones» de cada una de las partes.

Ayer declararon dos testigos, la vecina del portal número 5 de la calle de Paulino Caballero y un vigilante del hotel Europa, así como cuatro agentes de la Policía Municipal de Pamplona.

Sobre el informe del detective que ha motivado tantas críticas, el tribunal matizó que solo ha aceptado unir a la causa la parte del informe hecho por detectives sobre publicaciones de la denunciante en redes sociales, pero no en lo referente a su vida privada.

En concreto, se refiere a la petición de una de las defensas de los acusados, que presentó en la fase final de instrucción un informe elaborado por unos detectives privados sobre la denunciante, y que «posteriormente el mismo abogado retiró de la causa y solicitó que se tuviera por no presentado». Sin embargo, el tribunal admite que ha aceptado la petición de otro abogado defensor de agregar como prueba una foto reciente publicada por la denunciante en una de sus cuentas de las redes sociales.