El Gobierno se ha visto forzado a aprobar un real decreto para adoptar la normativa española al reglamento de protección de datos europeo que entró en vigor el pasado 25 de mayo, una norma muy garantista, concebida para que las empresas no vendan datos ni haya fugas sin autorización y que ha traído de cabeza a usuarios y compañías. Los primeros, porque sufrieron un boom de correos electrónicos con información y petición de consentimiento expreso, y las segundas, por la necesidad de adaptarse a los nuevos requerimientos de Europa.

El problema es que los cambios deben ser incorporados a una ley orgánica, que lleva meses en trámite y sin visos de salir aprobada de manera inmediata. Ante el vacío legal, el Ejecutivo se ha visto forzado a aprobar un real decreto con medidas urgentes, que tendrá vigencia solo hasta que las Cortes aprueben la norma con rango de ley. «Aunque disponemos de un proyecto de ley, mientras esa ley cursa su trámite, hemos tenido que aprobar el real decreto», justificó la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá.

El decreto aprobado el viernes en el Consejo de Ministros se centra en aspectos relacionados con la inspección, el régimen sancionador y el procedimiento de instrucción.