La obsolescencia programada, aquellas medidas que hace que los aparatos o artículos dejen de funcionar antes de su ciclo natural del vida, es algo más que un mito urbano. La Comisión Europea aprobó ya en el 2013 un dictamen por el que se pedía que los países dictaran leyes contra esa especie de muerte prematura. Solo Francia lo cumplió. Ahora en España varios grupos reclaman a los partidos políticos que se legisle contra la escasa durabilidad de los aparatos electrónicos, porque denuncian que han sido diseñados para durar cada vez menos, sea porque los materiales empleados son cada vez peores o porque se hayan programado (en el caso de los electrónicos) para que tengan fallos una vez pasada la garantía.
La fundación Feniss, que da un sello de calidad a empresas que quieren ser certificadas contra la obsolescencia programada, organiza un debate con colectivos en pro de la economía sostenible y representantes de partidos políticos para pedirles propuestas contra esta práctica. Unas medidas que ya habían reclamado anteriormente las asociaciones de consumidores OCU y Facua.
NUEVA NORMATIVA // “Las denuncias por obsolescencia programada no suelen prosperar porque es muy difícil demostrar que un fabricante ha hecho que un producto no funcione de modo intencionado”, recuerdan en la Agència Catalana de Consum. Las leyes actuales también obligan a los fabricantes a respetar las garantías y a reparar gratuitamente un aparato en un plazo de dos años desde la fecha de compra.
Pero no solo los aparatos electrónicos o los electrodomésticos son susceptibles de sufrir obsolescencia programada. La ropa, las bombillas o los muebles también duran menos por los materiales que se utilizan. “No hay nada que indique que existe la obsolescencia programada, pero sí es cierto que hay productos que pueden fabricarse con más larga vida, aunque los cambios tecnológicos y el coste de los materiales lo desaconsejen”, explica Gonzalo Torralbo, secretario general de Recyclia, plataforma de la industria tecnológica para el reciclaje.
Un informe del Comité Económico y Social Europeo, un órgano consultivo de la UE, sostiene que las ventas aumentan el 56% si un producto se etiqueta como “de larga duración”.
En el caso de España, el 16% de los consumidores afirma que pagaría más por un móvil si les garantizaran que durará más y el 44% pagaría 100 euros más por un lavavajillas que durara al menos dos años más.
Los fabricantes de electrodomésticos niegan que exista la obsolescencia programada y apelan a los controles de calidad y a las homologaciones que han de pasar sus productos. H
