Unos quieren ver a las grandes farmacéuticas sentadas en el banquillo y que se exponga bajo luz y taquígrafos su responsabilidad en la letal epidemia de adicción a los opioides que consume a Estados Unidos, donde en las dos últimas décadas ha dejado más de 400.000 muertos por sobredosis tanto de fármacos legales como de opiáceos ilegales. Para otros es más importante si cabe que las grandes compañías que ayudaron a desatar y alimentar la trágica crisis humana paguen para afrontar cuando menos parte de sus tremendos costes económicos. Por ahora, los segundos están más cerca de sus objetivos.

Ayer de madrugada, unas horas antes de que fuera a iniciarse en Cleveland la primera fase de un trascendental macroproceso federal en el que se aglutinan demandas de más de 2.400 condados, ciudades, hospitales, tribus indias y otras comunidades de EEUU, los dos condados de Ohio cuyos juicios abrían el proceso alcanzaron un acuerdo con cuatro gigantes farmacéuticos, lo que frena el juicio.

Según anunció el juez federal de distrito Dan Polster, que preside el megajuicio, el fabricante israelí Teva y los tres mayores titanes de la distribución en Estados Unidos (McKesson, Cardinal Health y Amerisource Bergen) van a pagar 260 millones de dólares a Cuyahoga y Summit, los dos condados de Ohio con los que se abría el proceso.