Hasta que un medicamento nuevo llega a las farmacias hacen falta años de investigación. Un largo y caro proceso que en su mayor parte se costea con fondos públicos, pero que al final solamente da beneficios reales a la industria farmacéutica.

Pero además de costoso, este modelo de desarrollo de medicamentos es «socialmente injusto» porque obliga a los ciudadanos --y especialmente a los gobiernos-- a pagar dos veces por los fármacos, primero con los impuestos que sostienen la investigación biomédica y después con el precio de mercado, denuncia el científico Wolfang Link en un artículo publicado en la revista The Lancet Oncology.

Este investigador del Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols (CSIC-UAM) de Madrid advierte de que en la última década el desarrollo de nuevos medicamentos ha cambiado en detrimento del consumidor. Y no es el único que lo piensa hoy en día.

Actualmente, la llegada de un nuevo medicamento al mercado es el resultado de una ardua tarea recae principalmente en las universidades y organismos públicos de investigación (OPI) que se financian con fondos públicos, según explica el experto.

Sin embargo, el resultado de este vasto conocimiento suele ir a parar a las farmacéuticas que han optado por «una subcontratación de los laboratorios pertenecientes a OPI» y que son las que al final desarrollan y sacan al mercado el nuevo medicamento con altísimos márgenes de beneficio.

La industria farmacéutica justifica los altos precios de algunos medicamentos con la inversión en I+D y el alto riesgo que supone el desarrollo de fármacos, «y es cierto», apunta el Link, pero también lo es que la parte más arriesgada del proceso se hace con investigación financiada con dinero público.

Costes secretos

Aunque en teoría el sistema de patentes pretende garantizar la recuperación de los recursos invertidos en la investigación, la realidad es que no es posible conocer esos costes porque son secretos y los datos que se publicitan no tienen en cuenta la inversión pública.

Esta falta de transparencia permite que la industria fije los precios de los fármacos arbitrariamente, en función de la capacidad del mercado de cada país, lamenta la oenegé Salud por Derecho. En uno de sus informes, la entidad recuerda el caso de algunos fármacos claves para el tratamiento del cáncer, que reportan enormes ingresos a las farmacéuticas pese a que todos ellos se desarrollaron en gran parte con recursos públicos.

En el Trastuzumab, por ejemplo, para cáncer de mama, la mitad de los ensayos clínicos fueron financiados por universidades o fundaciones. Hoy, este fármaco es uno de los productos estrella de Roche que ya ha ganado 60.000 millones de euros con su comercialización.