La magnitud de la tragedia tiene asignados un sinfín de nombres y apellidos y un solo número, pero de tal dimensión que tumba de espaldas: 130.000. Esas son las personas que se verían afectadas en toda España en el caso de que la huelga de examinadores de tráfico se reanudara en septiembre, cuando la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) se plantea un paro indefinido tras la tregua de agosto si no varían las condiciones actuales.
La estimación del Real Club Automovilístic de Catalunya (RACC) no es baladí, en tanto que cuenta con la mayor red de autoescuelas de España, con 85 centros y más de 12.000 alumnos, y es buena conocedora de la situación de cortocircuito que se avecina si no media un pacto que a día de hoy se antoja remoto, atendiendo a las pulsiones que llegan por parte de Asextra y del Gobierno.
A falta de concretar las estimaciones en septiembre, el director general de Tráfico, Gregorio Serrano, informó de que se han efectuado 120.000 exámenes prácticos para obtener el permiso de conducir entre el 19 de junio y el mes de julio, mientras que se han suspendido unos 71.000.
Serrano reconoció que tres de cada cuatro examinadores están secundando la protesta, pero negó que haya una «parálisis total» del sistema, recordando que los jueves y viernes no hay huelga.
9.000 TRABAJADORES // Un análisis y unos guarismos que poco tienen que ver con los que anuncian las autoescuelas, que hablaban de una suspensión de al menos 150.000 tests ya a mediados de julio. Según sus cálculos, el conflicto afecta a las más de 40.000 personas que trabajan en las 9.000 autoescuelas españolas.
El RACC también cuestiona la perspectiva gubernamental y sostiene la necesidad de modificar «a fondo» el sistema para obtener el carnet de conducir, impulsando un modelo que garantice más calidad formativa, avance en la implantación de la formación continua y agilice el proceso de obtención del permiso.
