Un depósito y 72 kilómetros de gasoducto en las puertas del parque de Doñana. Ese el Proyecto Marisma que Gas Natural Fenosa ha iniciado con una inversión de 200 millones de euros y la bendición del Ejecutivo español, que avala su declaración de impacto ambiental y lo cataloga como de utilidad pública. Sin embargo, las asociaciones ecologistas han salido en tromba para tratar de parar el proyecto por cualquier vía al entender que agrava la situación de riesgo del mayor humedal de Europa. Y creen que Doñana pone sobre la mesa el debate acerca de si la sociedad española ha interiorizado y asumido la conciencia ecológica y los riesgos que supone el cambio climático. De terminar el caso en los tribunales, ¿debe prevalecer la utilidad de gas como energía o la protección medioambiental?

Quien lanza la cuestión es Juan José Carmona, portavoz de WWF, una de las asociaciones conservacionistas pioneras en el parque onubense y en pie de guerra contra el proyecto junto a media docena de asociaciones. «¿Vas a extraer gas del parque y producir más CO2 para empeorar el cambio climático que ya tiene efectos probados sobre el parque?», se pregunta Carmona. «Si no tenía bastante peligro Doñana con el cambio climático debido a los combustibles fósiles, ahora le toca sufrir sus impactos directamente por la actividad gasista en su entorno y en su subsuelo», reprocha a su vez José Luis García, responsable de Energía y Cambio Climático de Greenpeace.

La idea de Gas Natural Fenosa es reutilizar una explotación que dejó de usarse hace tres décadas, ampliando en 22 km la red ya existente de 50 km. La compañía energética quiere sondear y explotar siete nuevos pozos.