El caso de Juana Rivas, la madre de Maracena (Granada) desaparecida para no tener que entregar a sus hijos a un padre maltratador, ha dejado al descubierto algunos flecos en las medidas recientemente aprobadas por el Congreso contra la violencia machista. Así, el Senado pidió ayer que se estudien las modificaciones legislativas necesarias para otorgar protección a las víctimas que se hallen incursas en situaciones de sustracción internacional de menores, cuyo origen sea una situación de violencia de género, velando de esta manera por el interés superior del menor. Tras fugarse, Rivas podría enfrentarse a los delitos de desobediencia a la autoridad judicial y de secuestro de menores.

El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada denegó las medidas cautelares que el exmarido de Rivas había solicitado contra ella, entre las que figuraba una orden internacional de detención, aunque trasladó las actuaciones a un juzgado de instrucción para que se abra una nueva investigación ante posibles indicios de delito.

El voto particular se produce con el acuerdo de todos los grupos de la Cámara alta.La iniciativa también se ha incorporado al informe que, después de seis meses de debate, fue dado a conocer el pasado lunes por la Subcomisión del Congreso, y que servirá de guía al Pacto de Estado contra la Violencia de Género.