La Guardia Urbana de Barcelona detuvo la semana pasada a dos hombres, vinculados a colectivos ultras, acusados de insultar y dar una patada en la barriga a una mujer embarazada a la que recriminaron que vistiera un niqab. Los arrestados también están acusados de agredir a su pareja cuando se encaró con ellos. Los detenidos fueron puestos a disposición judicial ese mismo día y el juez de guardia los dejó en libertad con cargos porque las lesiones que presentaba la víctima no eran de gravedad. Según informó ayer la Guardia Urbana, los dos presuntos agresores, con antecedentes derivados de su pertenencia a grupos deportivos de extrema derecha, fueron detenidos la noche del 29 de agosto en el distrito barcelonés de Ciutat Vella, acusados de un delito de odio y discriminación, además de otro de lesiones.

Los Mossos, a petición de la fiscalía, profundizarán en la vinculación de los arrestados con los colectivos ultras deportivos. Uno de ellos es miembros de las Brigadas Blanquiazules, grupo radical de seguidores del Espanyol.

Los dos detenidos increparon a la víctima, una mujer en avanzado estado de gestación que vestía un niqab -velo negro que solo deja los ojos al descubierto- cuando caminaba por la calle de la Princesa, junto a su pareja y sus dos hijos, cerca de la salida del metro. Según relataron testigos a la policía, los comentarios ofensivos de los detenidos por la ropa que vestía la mujer embarazada motivaron que su pareja se encarara a ellos. En el enfrentamiento, los detenidos agredieron y empujaron presuntamente en varias ocasiones al compañero de la mujer embarazada, a la que uno de ellos propinó una patada lateral en el abdomen.

Varios transeúntes se interpusieron entre los detenidos para proteger a la mujer y a sus dos hijos menores, hasta que acudió la Guardia Urbana, que reclamó asistencia sanitaria urgente y arrestó a los agresores. La mujer fue trasladada a un centro hospitalario, donde, tras practicársele exploraciones, se descartó que madre y feto sufrieran lesión.

El Ayuntamiento se personará en el proceso judicial contra los detenidos para “defender la cohesión social y la convivencia del conjunto de la ciudadanía”. H