Casi 4.500 personas han denunciado abusos sexuales a menores perpetrados por miembros de la Iglesia católica en Australia entre 1980 y el 2015, según un informe presentado ayer en el inicio de una tanda de audiencias de la comisión que investiga la respuesta oficial a estos delitos desde 1950. Este organismo tomará declaración a la práctica totalidad de los obispos del país en una serie de vistas públicas que durarán hasta el 27 de febrero.
La abogada consejera de la comisión, Gail Furness, explicó que se han recabado 4.444 denuncias, y que estas apuntan a centenares de religiosos, 93 de ellos altos cargos de la Iglesia, y afectan a más de un millar de instituciones.
Los datos recopilados indican que el 78% de los denunciantes fueron varones y el 22% mujeres. También revelaron que la edad media de las víctimas fue de 11,6 años en el caso de los niños y de 10,5 en el caso de las niñas, y que tardaron una media de 33 años en presentar las denuncias después de que se cometieran los supuestos abusos. Unas 1.880 personas fueron identificadas como presuntos abusadores. De estos, 597 eran hermanos religiosos; 572 sacerdotes, lo que supone el 7% del total del colectivo; 543 laicos, y 96 eran hermanas religiosas, ha precisado Furness. La abogada critica la gestión por parte de la iglesia y denuncia que los relatos de las víctimas son «deprimentemente similares».
NO SE INVESTIGÓ // Los niños fueron ignorados o, peor aún, castigados. Las denuncias no fueron investigadas. Curas y religiosos fueron reubicados. Las comunidades donde fueron trasladados desconocían su pasado», aseguró Furness. «El secretismo prevaleció, al igual que los encubrimientos», ha denunciado.
La abogada lamentó las dificultades impuestas por el Vaticano para obtener información sobre los abusos sexuales y, en particular, respecto al caso de un sacerdote acusado de pederastia.
«La comisión esperaba un mejor entendimiento sobre la acción que debería tomar en cada caso. La Santa Sede respondió el 1 de julio del 2014 que «no era posible ni apropiado proveer la información requerida», precisó.
Francis Sullivan, director ejecutivo del Consejo de la Verdad, Justicia y Reconciliación, el organismo dedicado a coordinar la respuesta de la Iglesia católica hacia las víctimas, calificó las cifras como «trágicas e indefendibles». «En cada entrada en este banco de datos, la mayor parte representa a un niño que sufrió a manos de alguien que debió cuidarlo y protegerlo», reconoció.
Los datos han salido a la luz durante el primer día de una serie de audiencias en las que se abordarán las denuncias de abusos sexuales, cómo afrontó estos casos la Iglesia católica en el pasado y cómo lo hace en el presente, entre otros asuntos. Durante estas vistas declararán seis de los siete arzobispos de Australia y líderes de las órdenes religiosas, entre ellos el arzobispo de Adelaida, Philip Wilson, considerado el más alto cargo de la jerarquía católica acusado de encubrir abusos a menores. Otro de los supuestos responsables de la situación sería el cardenal George Pell, actual ministro de Economía del Vaticano, acusado por algunas víctimas de haber encubierto a los autores de abusos sexuales en los años 70 en el estado de Victoria.
