La crisis del coronavirus ha barrido en solo dos semanas la recuperación del empleo que acumulaba el mercado laboral español de los dos últimos años. En dos semanas de absoluta excepcionalidad el covid-19 ha destruido la misma ocupación que la crisis financiera de hace una década en sus 100 primeros días. Una crisis sanitaria sin precedentes que ha dejado unos datos de empleo del mes de marzo sin precedentes: marzo del 2020 es, con diferencia, el peor mes de la historia de España en cuanto a ocupación.
El impacto económico de la pandemia ha provocado que el tercer mes del año cerrara con casi 850.000 afiliados a la Seguridad Social menos y 300.000 parados más que en febrero, según los datos publicados ayer por el Ministerio de Trabajo. Estas cifras, no obstante, no computan a los más de dos millones de empleados afectados por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) en todo el país.
En las dos primeras semanas de confinamiento, desde que el Gobierno declaró el estado de alarma el 16 de marzo hasta el 31 del mismo mes, se dieron de baja en España 1,6 millones de cotizantes; la cifra de bajas más intensa de la estadística disponible. También se dieron de alta casi 600.000 empleos; lo que indica cómo de elástico es el mercado laboral español y que acabó dejando un balance final de 918.996 trabajadores menos en activo en esa quincena. Un balance de dos semanas igual de dañino que los 100 primeros días de la crisis desatada por la caída de Lehman Brothers y que corona a marzo del 2020 como el peor mes de la historia del empleo en España. Hasta ahora ese funesto récord lo tenía enero del 2009 (el primer mes del año siempre es malo para la ocupación), con una pérdida de casi 350.000 afiliados.
Y los sectores más afectados han sido, en términos relativos, la construcción, la hostelería y los servicios recreativos. El primer impacto económico del covid-19 ha sido especialmente duro para todas aquellas actividades clausuradas por la decisión gubernamental, como el turismo, la restauración y todas sus actividades derivadas. Algo que se ha notado en la distribución territorial del balance de bajas laborales, con Andalucía como la comunidad autónoma que más empleos ha perdido.
PRIMER GRAN IMPACTO/ La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, salieron ayer a dar cuenta de unos datos que han calificado de «absolutamente excepcionales». Díaz reconoció que la cifra era «histórica», en el sentido negativo de la palabra; aunque recordó que no por ello España ha dilapidado toda la creación del empleo que lleva sumando desde el año 2013. La bajada de la afiliación y el aumento del paro han sido muy intensos, pero España está actualmente lejos, con 3,5 millones de parados, de los más de cinco millones de desempleados que llegó a alcanzar en los peores momentos de la anterior crisis económica.
Escrivá declaró que el «grueso» de la destrucción de empleo derivada de la crisis del covid-19 ya se ha producido, especialmente en sectores como la construcción, pese a que los datos de abril pueden ahondar en el retroceso. Donde se manifestó más dubitativo fue en la «secuencia temporal» de la recuperación del empleo destruido y que aún destruirá el coronavirus. Es decir, desde el Gobierno todavía no aventuran cuánto durará el retroceso y cuán de dilatado será lo que esperan que acabe siendo un «paréntesis».
El de marzo ha sido el primer impacto, pero no el último. La economista senior de Funcas María Jesús Fernández trabaja con proyecciones que aventuran que el mes que viene acabará con unos 400.000 afiliados a la Seguridad Social menos. Eso dejaría la destrucción total de empleo desde el inicio del estado de alarma en 1,2 millones de cotizantes. Y, en términos de paro, sus cálculos sitúan el total de desempleados por encima de los cuatro millones. «Si no hubiera sido por la flexibilización de los ertes, los datos hubieran sido mucho peores», opina.
El catedrático de economía financiera Oriol Amat ve posibilidades de no cerrar el año con pérdidas de empleo, pero para ello «el Gobierno debe ser más expansivo en sus políticas y más ágil», sostiene.
Es decir, Amat insta al Ejecutivo a extender las transferencias directas de recursos, como las aprobadas para trabajadoras del hogar o temporales despedidos. Esta es un línea en la que trabaja el Ejecutivo por la vía del ingreso mínimo vital, según reiteró ayer el ministro Escrivá. Desde su departamento ultiman un primer despliegue de dicho subsidio.
