El Gobierno no contempla, por ahora, volver a poner en marcha el estado de alarma de manera parcial o total pese al incremento de la transmisión del virus tres semanas después de la llegada de la nueva normalidad. El Ejecutivo central, que sufrió un gran desgaste social y político al implantar el estado de alarma, considera que, aunque una jueza de guardia haya paralizado el confinamiento de la comarca del Segrià, donde hay transmisión comunitaria de coronavirus, las comunidades disponen de «instrumentos adecuados» y herramientas suficientes para hacer frente a los brotes, decretando encierros u otras actuaciones. De hecho, fuentes del Gobierno se mostraron confiadas en que la Generalitat catalana encuentre la vía para soslayar el veto judicial.

«La Generalitat de Cataluña tiene instrumentos para actuar y controlar el brote en un escenario de control donde el papel preponderante corresponde a las autonomías, que tienen que tomar las decisiones convenientes», señaló en la jornada de ayer el ministro Salvador Illa.

MEDIDA RÁPIDA Y EFICAZ / El doctor Fernando Simón ratificó que el confinamiento es la medida «más rápida y eficaz» para reducir rápidamente la transmisión del virus, pero si el Govern no puede aplicarlo, se pueden «plantear otras opciones» que a su juicio serán «suficientes», como modificar los aforos de los diferentes negocios, las aperturas de lugares públicos, etc...

En este contexto, el Gobierno presentó a las administraciones regionales un borrador del Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la epidemia, que previsiblemente será aprobado el jueves en el Consejo Interterritorial de Salud. La nueva estrategia marca el camino a las autonomías, pero con la intención de que las actuaciones sean «consensuadas» en función de tres escenarios posibles.

LOS ESCENARIOS / En el primero, la situación será igual que en la actualidad, en la que los gobiernos regionales deciden cómo actuar. Si bien, en el caso de que sus acciones no den resultado y que el virus se extienda por varias autonomías o haya que adoptar actuaciones coordinadas en salud que afecten a más de un territorio, el plan establece que corresponderá al Ministerio de Sanidad tomar una decisión de obligado cumplimiento, previo conocimiento del Consejo Interterritorial y con audiencia a las comunidades afectadas. Es lo que el Gobierno denomina «actuación coordinada», un paso anterior al estado de alarma, que no se descarta pero que el Ejecutivo espera no aplicar.

«Si conseguimos medidas adecuadas a tiempo, es muy posible que evitemos medidas drásticas que afecten a grupos grandes», señaló Simón. Para ello, el plan establece que las autonomías deben garantizar una capacidad suficiente de recursos humanos; disponer de planes de contingencia; garantizar el funcionamiento de un sistema de información para la alerta precoz las 24 horas del día; asegurar la capacidad de laboratorio ante el posible aumento de la demanda diagnóstica, e identificar de forma precoz y buscar activamente los casos, entre otros.

El plan establece que las actuaciones de preparación y respuesta deben adoptarse de forma consensuada y coordinada por los agentes implicados. Los aspectos relativos a la gestión estratégica ante amenazas sanitarias se analizan en el Comité de Dirección del covid-19 creado en el Ministerio de Sanidad y en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), que es quien acuerda la implementación de las acciones en el conjunto de las autonomías.