El PP de Pablo Casado ha asumido la iniciativa de Vox de permitir la censura parental en los colegios públicos en las comunidades en las que gobierna, una medida que el Ejecutivo central ya ha anunciado que va a tratar de frenar. La propuesta del partido de Santiago Abascal prevé que los padres tengan derecho a vetar actividades complementarias impartidas en horario escolar. Por ejemplo, con esa medida se pueden negar a que sus hijos reciban charlas o acudan a talleres sobre educación sexual o diversidad LGTBI. Según fuentes de la dirección de los populares, Casado ha dado carta blanca a las autonomías en las que gobierna para que la apliquen si es necesario con tal de sacar adelante los presupuestos regionales.
El secretario general del PP, Teodoro García Egea, defendió públicamente ayer la idea de la formación de ultraderecha, porque es «normal garantizar la libertad de los padres», argumentó. «Son los padres y no Pedro Sánchez quienes tienen que decidir a qué actividades van los hijos de cada uno», sentenció.
DESDE INICIO DE CURSO / Vox introdujo lo que ellos mismos autodenominan pin parental el pasado verano en las negociaciones que mantuvo con el PP y Ciudadanos a cambio de apoyar las investiduras de los candidatos populares en las autonomías de Murcia, Andalucía y Madrid. Y están reclamándolo de nuevo cuando se ponen sobre la mesa los presupuestos. En la región murciana se está aplicando desde inicio de curso, pero en las otras dos todavía no.
En el caso de Madrid, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, subrayó que es condición indispensable si los populares y los naranjas quieren su apoyo a los presupuestos autonómicos. La presidenta, Isabel Díaz Ayuso, se ha resistido estos meses atrás. «No puede ser que se rompa algo tan importante como el vínculo entre profesor y alumno porque una mamá de Vox o de Podemos decidan los contenidos que están dando los profesores», afirmó Ayuso en noviembre.
Ahora, en la propia dirección de su partido creen que la presidenta de la Comunidad puede acabar reculando «si Monasterio aprieta». «Pero a lo mejor, al final, Vox presiona más por el tema de la bajada de impuestos. Tendrán que negociarlo», comentan en el equipo de Casado, dando libertad a sus barones autonómicos.
QUE VUELVA LA LEGALIDAD / El Gobierno, por su parte, anunció ayer que ya ha remitido un requerimiento al Gobierno de Murcia para que «se restablezca la legalidad» y se retire la censura parental. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, junto a la ministra de Educación, Isabel Celaá, y la de Igualdad, Irene Montero, expresaron que el requerimiento a la comunidad autónoma de Murcia tiene como objetivo que se retire la norma. Si esto no llega a producirse, el Ejecutivo recurrirá «cualquier intento de PP, Ciudadanos o Vox de vulnerar el derecho de los menores a recibir educación integral», tal como ya anunció el departamento de Educación, argumentando que las actividades complementarias las determina el centro docente y son de obligado cumplimiento.
La ministra de Educación aclaró que el pin parental «pretende que los padres reciban información precisa y anticipada de las actividades que se van a realizar para que expresen su consentimiento explícito». «No estamos hablando de actividades voluntarias, sino de actividades complementarias».
