El PP decidió inaugurar ayer el año nuevo con una de sus peticiones más recurrentes: la necesidad de endurecer la pena de prisión permanente revisable, que todos los partidos, salvo Ciudadanos, quieren derogar. Así, el grupo popular en el Congreso de los Diputados registró una proposición de ley que pide ampliar este castigo a los supuestos en los que un asesinato se produzca tras un secuestro y cuando haya ocultación o destrucción del cadáver para dificultar la investigación.

Y es que, en medio de la conmoción social que causó el hallazgo del cadáver de Laura Luelmo, el PP aprovechó para promocionar una de sus medidas estrella en materia punitiva. El pasado 19 de diciembre, el líder conservador, Pablo Casado, en su rifirrafe parlamentario semanal con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió al Ejecutivo que no derogue la prisión permanente revisable porque, en su opinión, es «la mejor fórmula para evitar» la reincidencia y hacer que «los asesinatos y los violadores estén en la cárcel». Y avanzó que su partido plantearía una reforma del Código Penal para aumentar los supuestos en los que se aplica.

OCHO SUPUESTOS // En la actualidad, sanciona ocho delitos considerados de extrema gravedad, como el asesinato múltiple y los atentados. Si bien, según argumentan los populares en su iniciativa, «tras un tiempo prudencial de observación y de los sucesos en los que la sociedad reclama que se extienda», ha llegado el momento de ampliar los tipos a dos más: la desaparición forzada de personas en su régimen más grave de secuestro o detención ilegal con posterior asesinato y el asesinato con ocultación del cadáver, lo que en opinión del PP causa «un especial sufrimiento y humillación a los familiares».

Los conservadores se basan en casos tan conocidos como los de Marta del Castillo y Diana Quer, cuyos familiares apoyan que en España continúe la prisión permanente revisable. Por el contrario, el PSOE, junto con CiU, IU, UPD, PNV y el Grupo Mixto recurrieron hace un par de años ante el Tribunal Constitucional (TC) la condena y el Gobierno se ha comprometido ahora a esperar a que los jueces se pronuncien. Mientras tanto, el Ejecutivo ha anunciado que estudiará las condiciones en las que se concede y a qué reos la libertad vigilada, para intentar evitar sucesos tan trágicos como el de Luelmo, cuyo agresor acababa de salir de la cárcel, donde había cumplido condena por un asesinato anterior.

No es la primera vez que el PP intenta endurecer la pena. En marzo, en una enmienda a una iniciativa del PNV que pretende derogar la condena y que está paralizada, reclamó el castigo para cinco delitos más: los dos que propone ahora y las violaciones en serie, la agresión sexual de un menor tras privarlo de libertad o torturarlo y los incendios que pongan en peligro la vida de personas. No obstante, decayó.