El Gobierno trata de ir concienciando a la población de que es harto probable que tenga que prorrogar el estado de alarma más allá de los quince días decretados y que, mientras dure, las restricciones pueden ser todavía más severas de las que ya están aprobadas. La última, el establecimiento de controles en las fronteras terrestres. Aunque en la Moncloa preocupa el impacto psicológico que puede sufrir una población sometida al estrés de un confinamiento drástico, preocupan aún más los datos de propagación de la pandemia y el batacazo económico.

Para intentar amortiguar ese golpe, el Consejo de Ministros aprobará hoy un real decreto de ayudas para el que toda la oposición ha exhibido ideas y reclamaciones, como si estuviésemos en plena campaña. Si Pedro Sánchez asume alguna de esas sugerencias está por ver. De momento, ayer habló con los líderes del resto de partidos y mañana informará al Congreso de los Diputados sobre la situación del coronavirus, en un pleno sin votación al que solo acudirán presencialmente los portavoces que vayan a intervenir. El hemiciclo, como las calles, estará casi vacío.

insuficientes / En esa primera comparecencia ante las Cortes, Sánchez no necesita pedir todavía la prórroga del estado de alarma, pero sus colaboradores apuntan a que probablemente deslizará que 15 días no serán suficientes para encauzar la crisis del coronavirus. Esa idea, en todo caso, ya la adelantaron el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la ministra de Hacienda y portavoz gubernamental, María Jesús Montero. Ambos admitieron que, aunque no hay un calendario establecido, dos semanas parecen poco tiempo, por más que a la población, seguro, se le van a hacer eternas.

Sánchez no quiere adelantarse a los acontecimientos, pero tampoco negar que haya que tomar medidas más drásticas para aplanar la curva de infección, que sigue trepando en la vertical del desasosiego. La primera iniciativa adicional, desde que el sábado se decretase la alarma, es el restablecimiento de los controles en las fronteras terrestres, en vigor desde medianoche. La medida, que se tomó en colaboración con los socios europeos, no afecta al transporte de mercancías, ni a puertos, ni aeropuertos, ni a Gibraltar, ni a Andorra. Se permitirá cruzar a los españoles, residentes en España, a los trabajadores transfronterizos y a quienes acrediten causas de fuerza mayor o necesidad. Para efectuar esos controles se desplegarán agentes de la Policía, Guardia Civil, Ertzaintza, Mossos d’Esquadra, Policía Foral y a las Fuerzas Armadas.

El Ejecutivo evitó dar una respuesta oficial a la petición de la Generalitat de cerrar el territorio catalán. Aún así, fuentes de la vicepresidencia recuerdan a este diario que «en España no hay fronteras internas» y que el aislamiento de diversas zonas se ha decretado por «motivos sanitarios», no porque corresponda a «fronteras administrativas». «Lo que hagamos será común para todos», resumen fuentes próximas a Sánchez.

El «dinamismo» de la respuesta del Gobierno afecta también al real decreto que el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar hoy para paliar el impacto económico de la pandemia. El texto, según fuentes gubernamentales, sufrió incorporaciones y modificaciones hasta última hora, para adaptarse a una situación cambiante. La preocupación llevó a Sánchez a llamar ayer al príncipe saudí, Mohammad Bin Salman, que preside el G-20, para pedir una reunión urgente del grupo. Fuentes gubernamentales aseguran que el líder saudí accedió. Antes, Sánchez escuchó ayer sugerencias de la oposición. Pablo Casado le reclamó un fondo de liquidez de 100.000 millones, informa Pilar Santos.