A los promotores de la campaña para endurecer el castigo penal a los causantes de atropellos a ciclistas se les acaba la paciencia. En septiembre del 2017 todos los grupos parlamentarios respaldaron su propuesta avalada por más de 200.000 firmas pero casi un año después esta sigue a debate en la Comisión de Justicia del Congreso y el texto está cada vez más descafeinado. «La realidad es que los atropellos no cesan y se nos acaba la legislatura. Necesitamos que la reforma se apruebe rápido y bien», proclamó ayer Anna González, la viuda de un ciclista que encabeza la plataforma #porunaleyjusta, después de entrevistarse con la ministra de Justicia, Dolores Delgado.

Durante la reunión, a la que asistió también el exciclista Alberto Contador, la plataforma pidió a la ministra que dé un empujón a la reforma y esta les mostró su apoyo aunque les advirtió que todo está en manos de un Parlamento donde su grupo solamente cuenta con 84 diputados.

SIN PRISA

«Nos ha dicho que la reforma tiene que hacerse bien pero nadie habla de ir rápido. Nosotros no creemos que sea incompatible hacerlo bien y rápido», contó González.

Ni la ministra ni nadie de su departamento comparecieron ante los medios. Solo a través de una posterior nota de prensa se informó que Delgado ha «transmitido» a sus interlocutores «su disposición a estudiar su propuesta y a trabajar para mejorar la respuesta penal ante este tipo de conductas delictivas».

Más esperanzadora fue la intervención del diputado socialista de la comisión de Justicia, Pablo Bellido. Este atribuyó el bloqueo de la tramitación a la existencia de discrepancias entre los redactados propuestos por los diferentes grupos políticos. «Esperemos que pronto lo tengamos aprobado por consenso en la línea de lo que solicita la campaña», deseó, antes de recordar que Sánchez les «ha instado a hacer el máximo posible» para que así sea.

NUEVO DELITO

Uno de los dos pilares de la reforma es la creación de un nuevo delito que penalice la fuga tras un atropello. En el Código Penal vigente solo existe la figura de la omisión de socorro pero no se aplica cuando el atropellado ha fallecido. Los jueces consideran que el auxilio no tiene sentido en este caso.

Esta laguna legal crea situaciones tan paradójicas como la señalada por Francisco Parres, el abogado de Anna González: «Si a mí me viene un cliente que ha atropellado a alguien y estaba bebido yo tengo que recomendarle que se vaya del lugar de los hechos. Que se presente al día siguiente cuando ya no puedan detectarle el alcohol», denunció.

La otra clave de la reforma es que vayan siempre por la jurisdicción penal los accidentes mortales en caso de imprudencia. Se trata de poner fin a la impunidad de la que gozan los culpables desde que la reforma del Código Penal del PP eliminó las faltas.