El Congreso dio ayer el primer paso para que, tal como se recoge en el pacto de Estado contra la violencia machista, se mejore la formación en materia de igualdad que reciben los jueces. En la actualidad solamente 137 magistrados realizan cursos en género y violencia machista, de 50 horas de duración, una especialización que los propios miembros de la judicatura y los partidos políticos, a raíz de la sentencia de la manada --que condenó a los acusados por abusos y no por violación en Pamplona, con un voto discrepante que no apreció delito-- han pedido mejorar.

Todos los partidos apoyaron la iniciativa, registrada por el PSOE antes de conocerse el polémico fallo sobre la agresión sexual en los Sanfermines, ante la parálisis a la que el Gobierno del PP había sometido el acuerdo de Estado, aprobado en el Congreso en septiembre y ratificado por comunidades autónomas y ayuntamientos en diciembre. Varios meses después, se pone en marcha el segundo cambio legislativo de las 200 medidas pactadas.

PLAN INICIAL // Aunque han llegado a la Moncloa, los socialistas han preferido mantener su plan inicial y presentar la proposición para reformar la ley orgánica del Poder Judicial a través del grupo parlamentario, según su versión, para dar impulso a la misma. Si la hubieran transformado en un anteproyecto, alumbrado por el nuevo Ejecutivo, sería necesario que los órganos consultivos se pronunciaran, lo que podría retrasar su puesta en marcha. Esta actitud fue afeada por algunos grupos, como el PP, que ironizó con la idea de que es «mejor no pedir informe no sea que se vaya a abrir un melón y la liemos».

La iniciativa pasará ahora a ponencia en el Congreso de los diputados, donde todos los partidos podrán defender sus aportaciones, para su aprobación en el pleno en un plazo razonable. Aumentar la formación en género de los miembros de la judicatura, tras el fallo de la Manada, que no consideró intimidación que cinco hombres forzaran a una mujer a mantener relaciones sexuales, cuenta con un apoyo unánime.

«Urge dar un salto cualificado en formación, que ya existe pero la sociedad exige mayor profundización y compromiso y una perspectiva de género en la interpretación de las normas», sostuvo la socialista Pilar Cancela. La proposición del PSOE propone «garantizar la adquisición de conocimientos» y que se «ofrezca capacitación para la aplicación de las normas» con criterio de no discriminación entre hombres y mujeres tanto en la fase de oposición a juez y fiscal, como en el curso seguido en la Escuela Judicial antes de incorporarse al destino, así como en la formación continua.

Por otra parte, la iniciativa prevé aumentar la especialización en agresiones sexistas de más juzgados de lo penal. La ley orgánica del Poder Judicial ya dispone que deberá haber al menos un tribunal especializado en cada provincia. Si bien, de los 345 existentes, solo 26 cuentan con esta categoría, y no en todas las comunidades. Por ello, la proposición impone que en el plazo de seis meses se revise la planta de tribunales «para responder a las necesidades de implantación de juzgados sobre la mujer en aquellas localidades en las que lo exija el volumen de asuntos».