Todos los profesionales del sistema público y concertado de salud de Cataluña (médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, fisioterapeutas...), así como el personal de las residencias de ancianos, recibirán en agosto un extra en su nómina como compensación a su trabajo al frente de la pandemia del covid-19. Se beneficiarán de esta paga quienes trabajaron entre el 1 de marzo y el 31 de mayo, ya fuera presencial o telemáticamente, y también aquellos profesionales que estuvieron de baja por el coronavirus.

El extra oscilará entre los 350 y los 1.350 euros, y su importe se calculará dependiendo de la categoría profesional del trabajador y de cuál haya sido su exposición al covid-19. Por su parte, el personal de las residencias de ancianos recibirá un máximo de 900 euros, que variará en función de las plazas públicas y también de la categoría profesional.

Se trata de una medida anunciada este mediodía por el Gobierno de Cataluña y que le supondrá un desembolso total de 140 millones de euros en los presupuestos de este 2020. En palabras de la conseja de Salud, Alba Vergés, es una medida "comparable" a la que han tomado otros países como Francia o Bélgica.

"La situación vivida por los profesionales de la salud desde marzo no tiene precedentes. Ha supuesto, entre otras cosas, que durante dos meses hayan cambiado su forma de trabajar para centrarse en el covid-19. Alargamientos de jornada, cambios de ubicación... El Govern quiere hacer un reconocimiento a quienes han estado cuidando de las personas", ha señalado Vergés.

80 millones más en el 2021 y 2022

La consejera también ha anunciado que, tanto en el 2021 como en el 2020, se incluirán también partidas de 40 millones de euros por año (80 millones en total) por el esfuerzo que los profesionales de la salud muy probablemente seguirán haciendo, puesto que el coronavirus no ha desaparecido, es posible que haya rebrotes y todavía existe un gran desconocimiento en torno a él.

"Es el momento de fortalecer más que nunca los servicios públicos", ha reivindicado por su parte el vicepresidente Pere Aragonès, quien ha achacado la actual debilidad del Estado de Bienestar a las "políticas de austeridad" como "respuesta" a la crisis del 2008 y al "déficit fiscal" que, según él, padece Cataluña dentro de España.

"Este reconocimiento profesional en forma de gratificación extraordinaria no es un punto de llegada, ya que el covid-19 ha puesto de manifiesto algunas necesidades estructurales. Es solo el primer paso de un cambio de paradigma en relación a los servicios públicos", ha prometido Aragonès.