La policía, la Agencia de Protección de Datos y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han abierto una investigación para determinar por qué se filtró el nombre de la víctima de la Manada, que ha sido difundido en foros de internet y usado por machistas y nazis para vejarla. No obstante, será complicado determinar las responsabilidades. Además, según advierten los expertos, lo que es peor es que no existen suficientes garantías de que no se volverá a repetir que una persona (o un menor) atacada y humillada sufra una segunda victimización al ver su identidad difundida en los medios de comunicación o en su entorno, pese al expreso deseo de anonimato.

EL ORIGEN // El problema radica en la normativa, que de forma genérica obliga a preservar la identidad, pero solo menciona a menores y personas con discapacidad necesitadas de especial protección. Y, por otro lado, es una cuestión de falta de medios, de un sistema de custodia adecuado y de formación, según jueces, abogados especialistas en tecnología, expertos en protección de datos y asociaciones que asisten a los afectados. Según denuncian, no existe una «cultura extendida, en todos los niveles», de la necesidad de evitar, por todos los medios, la difusión de datos protegidos. Y eso que hay protocolos para atajar la llamada doble victimización y que jueces, fiscales o la acusación puede pedir su aplicación desde el principio del proceso. Así sucedió con la denunciante del controvertido abuso sexual en los Sanfermines, y por ello el juicio se celebró a puerta cerrada Pero finalmente se filtraron sus datos debido a que, por error, en la sentencia anónima se incluyó una copia del código CSV que permite a las partes acceder al fallo de forma íntegra y sin vetos.

«El fallo en la Manada, donde se intentó tener especial cuidado, y aun así se difundió su identidad, es un exponente clarísimo de que no se presta la atención debida a la protección», afirma Yolanda Besteiro, presidenta de la Asociación de Mujeres Progresistas.

El presidente de la Asociación Profesional de Consultores en Protección de Datos, Ernesto Abelló, y el abogado experto en derecho de las tecnología Jorge Campanillas dan fe de que en muchos tribunales hay frecuentes fugas de datos, como en notificaciones en tablones de anuncios o en resoluciones acumuladas en estanterías o pasillos repletos.

El reglamento europeo que entró en vigor ayer impone mayores multas, pero no modificará que las instituciones solo puedan ser apercibidas, según alerta el abogado José Luis Pinar.