En un cajón de su despacho en el palacete de la Real Academia Española (RAE), el jurista Santiago Muñoz Machado, su director, guarda un informe que lleva más de 12 meses vegetando, pero que pronto puede encender una de las primeras polémicas de la legislatura. Tiene 25 páginas, lleva las firmas de dos académicos y dos académicas, y aborda nada menos que una reforma de la Constitución. Pero no de sus artículos, ni de su preámbulo, ni de sus disposiciones adicionales, sino del género con que se redactaron los sustantivos y adjetivos.

En la vieja institución está previsto que no llegue febrero sin que un pleno de la RAE termine de examinar el informe, del que también tienen copia los 46 miembros de la Academia. Se elevarán entonces sus conclusiones a la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, quien en 2018 pidió el asesoramiento de la entidad que limpia, fija y da esplendor. Y se interesará por el dictamen la nueva ministra de Igualdad, Irene Montero, una de las primeras políticas españolas en emplear el «nosotras» al referirse a Podemos, su formación.

Con el primer gobierno de Pedro Sánchez aún recién estrenado, Carmen Calvo solicitó al anterior director de la RAE, Darío Villanueva, que estudiara «la adecuación» de la Constitución a un lenguaje «inclusivo, correcto y verdadero» que se acomode «a la realidad de una democracia que transita entre hombres y mujeres». Así lo dijo en una comparecencia ante la comisión de Igualdad del Congreso.

Pero el encargo lleva más de un año de indigestión en la Academia, entre la resistencia de los académicos. «Nos han pedido un informe lingüístico, pero mucho me temo que se leerá con criterios políticos», se teme en privado uno de los cuatro miembros de la comisión paritaria (dos hombres y dos mujeres) encagada de elaborar el estudio sobre si procede acabar en la Constitución con el masculino universal que usa hasta ahora y que, según el Gobierno, excluye el femenino.

DESDOBLAR PALABRAS / La comisión de la RAE revisó el documento a finales del 2018 e introdujo varios cambios, sin que haya dejado de ser una patata caliente para los académicos. El criterio general es que no puede ir contra su propia doctrina, ni extralimitarse de su función de notaria de la lengua.

El borrador, que se ha discutido en tres de las sesiones semanales que cada jueves celebra la Academia, mantiene la ortodoxia lingüística sin concesiones a las demandas políticas de la izquierda. En el pleno que le dé salida, lo más probable es que se mantenga el dictamen en su integridad, sostienen fuentes de la RAE. «Nosotros pensamos que el lenguaje inclusivo es el lenguaje que hablamos normalmente», dice uno de los académicos consultados.